Los sindicatos de Función Pública reclaman que se cumpla la sentencia que exige el concurso de traslados

"Prevaricación". Gonzalo Castillo, representante de FETE-UGT ofrece un diagnóstico rotundo en torno a la ausencia de convocatoria del concurso de traslados para el personal laboral fijo del grupo E de la Administración autonómica que, según sentencia del Tribunal Supremo, debía haberse convocado antes del pasado 8 de enero. Representantes del UGT, CCOO y CSIF se encerraron ayer en la Consejería de Administración Pública para exigir la inmediata convocatoria del concurso y negociar una salida digna a los empleados interinos que serán desplazados de los puestos que ocupan temporalmente, en algunos casos desde hace varios años.La consejería invoca el conflicto entre personal fijo e interino y los dos recursos presentados ante el tribunal de lo contencioso administrativo contra la convocatoria del concurso de traslados. Se trata del caso de la empleada de la limpieza, por ejemplo, que tiene su plaza en propiedad por oposición y que aspira a ocupar un puesto de conserje. La inmensa mayoría de los conserjes son interinos en la actualidad y serían desplazados como resultado del concurso. Fuentes oficiales piden "cautela" y un plazo de una semana para actuar de acuerdo con la resolución judicial, que consideran inminente.

Fuentes de los servicios jurídicos de UGT, sin embargo, aseguran que el primer recurso que apela a derechos fundamentales ya ha sido desestimado por cuestiones de procedimiento, mientras que el segundo ha sido aceptado sin atender a la petición de suspensión cautelar de la convocatoria, de modo que habrá que esperar meses hasta contar con una sentencia firme. Dadas las circunstancias, la coartada oficial para dilatar la convocatoria carece de sentido.

Soledad Fernández, representante de CCOO, subrayó que la Generalitat todavía no ha reelaborado la relación de puestos de trabajo del personal funcionario para adaptarla a la distribución del Consell en diez áreas, de modo que cualquier concurso está viciado en origen porque la administración carece de un instrumento básico para establecer sus necesidades reales.