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Dinero negro

Hace tan sólo tres meses, la CDU era un partido en imparable ascenso, que ganaba una elección tras otra, apenas un año después de haber sido desalojado de la cancillería. Hoy está por debajo del 30% en intención de voto, su peor balance desde la posguerra. En medio sólo ha habido un escándalo de financiación ilegal. Muchos tratan casi como un delincuente a Helmut Kohl, uno de los grandes estadistas de la segunda mitad del siglo XX. Salvadas todas las distancias, el socialista italiano Bettino Craxi moría el jueves en Túnez, prófugo de la justicia de su país y sin que en todos estos años reconociera haber cometido ningún delito. Siempre consideró que su persecución judicial tenía origen en irregularidades -de financiación- comunes a todos los partidos. Kohl y Craxi son dos ejemplos trágicos, en algún sentido incluso víctimas, de un estado de cosas que la clase política y la opinión pública contemplan con acusada hipocresía. Que en Alemania fuera el presidente de los cristianodemócratas el encargado de establecer las tramas ilegales y en España lo hagan dirigentes intermedios no cambia el hecho de que casi todos los partidos, históricos o recién creados, nacionalistas o de ámbito estatal, violan la ley de financiación y se han convertido en fábricas de dinero negro.El presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, acaba de decirlo con una franqueza tan loable como inusual en el gremio de la política profesional: la financiación con dinero negro es un hecho generalizado. Y ha abogado por una reforma, en la estela de lo que sucede en Estados Unidos, que otorgue a la financiación la transparencia necesaria y no penalice fiscalmente a quienes desean apoyar económicamente un partido. Lo malo no es que una empresa subvencione a un partido porque considera que éste puede servir mejor a sus intereses; los electores siempre pueden sacar conclusiones de ello y modificar o confirmar su voto. Lo malo es que este apoyo económico se haga violando la ley y en un ambiente de clandestinidad que invita a las presiones y a los cohechos, además de hundir a los partidos en unas actividades ilícitas que los hipotecan en su actividad legítima.

En España llevamos dos legislaturas esperando cambios en una ley de financiación de partidos que todos los grupos consideran mala. Pese a los compromisos electorales de unos y otros, de socialistas y populares, nada han hecho en esta legislatura, aparte de mantener reuniones y formar comités. Ninguno de los dos grandes partidos ha cedido un milímetro para sacar adelante un texto consensuado y realista que garantice su transparencia financiera. Están en deuda con los ciudadanos, hartos ya de noticias sobre cuentas en el extranjero, maletas llenas de dinero que cambian de manos en un café, comisiones de obras, recalificaciones o favores en metálico. Éste es un cáncer del sistema de partidos y, por tanto, de la democracia. La hace extorsionable.

Es de esperar que la próxima legislatura -y después de las lecciones históricas que ya se deberían haber aprendido aquí y que ahora llegan amplificadas desde toda Europa- sea de una vez por todas la de las cuentas claras de los partidos políticos en España. La del cumplimiento de una promesa inadmisiblemente diferida. Que nuestros legisladores perciban inequívocamente la carga de profundidad que para un sistema democrático supone mantener esta absurda discrepancia entre la ley y la práctica generalizada de los partidos. Éstos no conseguirán la credibilidad y el respeto que reclaman de los ciudadanos mientras sus cuentas no sean tan diáfanas como sus propios organigramas. La transparencia es una condición para dignificar la vida política. Deberían tenerlo en cuenta ahora que se disponen a pedir el voto. No por gastar más se gana el favor de los ciudadanos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 22 de enero de 2000.

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