Parcialidad

No seré yo quien considere una agresión la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra una ley. Ni cuando lo hace el Estado contra una comunidad autónoma, ni cuando ocurre a la inversa. El Tribunal Constitucional existe para dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre el Estado y las comunidades autónomas y acudir a él no puede ser interpretado nunca como si de una agresión se tratara. Si el Gobierno de la nación considera que la ley de Cajas aprobada por el Parlamento andaluz es anticonstitucional, hace bien en recurrirla.Lo que resulta irritante es que el Gobierno no actúe siempre con el mismo criterio, sino que recurra o deje de recurrir al Tribunal Constitucional o a otras instancias, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en función de qué partido sea el que ocupa el Gobierno de la comunidad autónoma.

Hace un año aproximadamente fue aprobada por el Parlamento de Cataluña la segunda Ley de Inmersión Lingüística, sobre cuya constitucionalidad existían numerosas dudas. Muchas más que las que existen respecto de la ley de Cajas andaluza. Y sin embargo, el Gobierno de la nación no interpuso ningún recurso contra dicha ley e incluso permitió que se ejerciera una presión muy fuerte sobre el Defensor del Pueblo para que tampoco interpusiera el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Esta semana hemos asistido a la firma entre el Gobierno de la nación y el Gobierno vasco de un acuerdo para sustraer al conocimiento por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de una serie de contenciosos en materia tributaria. Las dudas acerca de la constitucionalidad de las decisiones adoptadas unilateralmente por el Gobierno vasco eran algo más que dudas. Y sin embargo, en este caso no ha habido obstáculo para firmar la paz y sustraer el conocimiento de los asuntos a los Tribunales de Justicia.

Por el contrario, cuando se trata de Andalucía se recurre todo, incluso cuando se carece del más mínimo fundamento jurídico, como ocurrió con el decreto sobre las pensiones no contributivas. Y como se carece en el caso de la ley de Cajas, que no tengo la más mínima duda de que será declarada conforme a la Constitución por el Tribunal Constitucional.

El Gobierno deja de recurrir por razones políticas cuando hay dudas constitucionales y recurre, también por razones políticas, cuando tales dudas no existen.

Es esta parcialidad territorial en el ejercicio de la acción de gobierno lo que resulta irritante. Parcialidad contra Andalucía más que contra cualquier otra comunidad autónoma, pero no sólo contra Andalucía. Ahí está como botón de muestra de esta misma semana el trato recibido por el Gobierno de Aragón con ocasión de la visita de José María Aznar a Teruel. ¿El presidente de la comunidad autónoma de Aragón, por el hecho de ser socialista, es menos representante del Estado en su comunidad autónoma que el presidente de la comunidad valenciana en la suya? ¿Habría sido excluido el Sr. Zaplana de una visita oficial de José María Aznar a Castellón ?

JAVIER PÉREZ ROYO