Dos técnicos del CSN acusados en el 'caso Vandellòs' avalan a la central

Los dos directores técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia de Tarragona por el accidente en la central nuclear de Vandellòs avalaron ayer la actuación de los responsables de la nuclear en el accidente ocurrido el 19 de octubre de 1989. Luis Echavarri y Jacobo Díez coincidieron en asegurar que aunque la central hubiera adoptado todas las modificaciones exigidas por el consejo, éstas no habrían afectado al desarrollo del accidente. El CSN es el organismo estatal encargado de velar por la seguridad en los complejos atómicos.Esta afirmación, eje central de la defensa de los tres directivos de la nuclear imputados por el mismo delito, contradice el informe final que el propio CSN realizó en 1990 y que especifica claramente que dos de las modificaciones realizadas tuvieron relación directa con el accidente. Estas dos modificaciones afectaron al sistema de protección de incendios en el edificio de auxiliares eléctricos y comportaron unos retoques en el sistema de refrigeración. El fiscal recogerá en su exposición final esa contradicción.

Los directores técnicos del CSN que se sientan en el banquillo no variaron un ápice su declaración respecto a la que prestaron días atrás los tres responsables de Hifrensa, empresa explotadora de la central nuclear. A todos ellos se les acusa de un delito de riesgo. Así, según los responsables del consejo, el retraso en la implantación de las modificaciones de seguridad exigidas por el propio CSN a Vandellòs I no fue tal, sino el habitual en plantas que, como las atómicas, son de gran complejidad técnica.

El precedente francés

Jacobo Díaz, director del CSN en el momento del accidente, recordó que las modificaciones que se aplicaron con anterioridad en la central francesa que sirvió de referencia a Vandellòs I tardaron en implantarse seis años. Echavarri, director del organismo estatal entre 1985 y 1987, recordó que plazos similares se requirieron en los complejos de Zorita y Garoña.

Por si fuera poco esa contradicción, ambos directivos del CSN aseguraron ayer estar de acuerdo con el informe redactado en abril de 1990 por el consejo, en el que tras analizar el accidente, imponía durísimas condiciones para la reapertura de la central nuclear. Los dos directores, que recordaron que la inspección de la turbina causa del accidente no era de su competencia -"puesto que ésta se encuentra en una zona convencional, no radioactiva, del complejo"-, realizaron una declaración claramente favorable a los intereses de los imputados de Hifrensa al asegurar que en las más de 40 actas de inspección de la central nunca habían encontrado motivos de preocupación. También afirmaron que los escritos del CSN a Vandellòs I para que ésta cumplimentara sus exigencias de forma urgente "era un comportamiento habitual del consejo".