Malas compañías

FÉLIX BAYÓN

No hay duda de que lo peor de la derecha son sus amistades. Esta semana, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proponía la expulsión de la carrera de la juez marbellí Pilar Ramírez, y lo hacía después de ocho horas de debate y con el voto en contra de los dos representantes del PP en el Consejo.

Me consta que el PP mantiene una oposición sincera contra Jesús Gil -a quien se vincula con la familia Ramírez- y no me cabe duda de que el voto de los dos vocales del CGPJ era, por tanto, independiente de cualquier presión política. Pero esto no evita tener que volverse a hacer la misma pregunta: ¿de dónde saca el PP su gente de confianza en el poder judicial?

Ya a comienzos de la legislatura, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, nos deleitó con un asunto que nos metía del tirón en el túnel del tiempo: estuvo a punto de elegir fiscal jefe de la Audiencia Nacional a uno que estuvo antes en el Tribunal de Orden Público, el tribunal de represión política del franquismo en el que ocupó plaza como magistrado el inolvidable padre de la ministra.

Los que luchan porque, de una vez, se limpien y aireen los tribunales de Marbella, temen que la juez Ramírez se termine yendo de rositas. Por algo el padre de la Ramírez -un tosco pero influyente oficial de juzgados que lo mismo negocia con sospechosos de pertenecer a la Mafia que agasaja a altos magistrados- cuenta con viejos amigos en el Consejo y en el mismísimo Tribunal Supremo: juristas de tronío que pasaron por las famosas jornadas jurídicas de Marbella, en las que se retribuían maravillosamente bien las conferencias, corría el caviar por cuenta del Ayuntamiento a la hora de la cena y hubo más de uno que encontró mercenaria compañía a la que dar testimonio de que debajo de la toga también bullen las pasiones.

De esas viejas amistades de Juan Ramírez depende el futuro de su hija Pilar, y también el del propio Jesús Gil, dicho sea de paso. Son ellos, quizá, los "grandes jueces" a los que Gil invoca, repetidamente, como sus últimos y posibles salvadores.

En vísperas de esta legislatura, el PP mostró ya qué peligrosas eran sus afinidades en el mundo de la Justicia: los votos de la hoy ministra de Justicia mantuvieron en su puesto del CGPJ al juez Pascual Estevill, que pasó del CGPJ a la cárcel, acusado de delitos de cohecho y prevaricación, los abusos más graves que puede cometer un juez. Ahora, dos vocales nombrados por el PP defienden en ese mismo Consejo que la juez Ramírez no merece la expulsión de la Judicatura: si estos criterios se aplicaran en la vida laboral del común de los españoles, el despido procedente sería un imposible.

Si algún día el PP confía en ganarse una amplísima mayoría del electorado, debería comenzar limpiando su agenda y alejándose de las malas compañías. Pero, de momento, no parece que sea esa su intención. Sin ir más lejos, en Andalucía, los dos dirigentes más creíbles -Amalia Gómez y Manuel Pimentel- se retiran de la primera línea de la política, de la que hace poco desapareció también Juan Ojeda. Gómez, Pimentel y Ojeda formaban parte de la cara presentable del PP, la única que podría hacer posible, por fin, la alternancia política en Andalucía.