La derecha francesa torpedea la gran reforma de la justicia impulsada por el propio Chirac

El presidente francés, Jacques Chirac, retiró ayer la convocatoria del Congreso de Versalles (Asamblea Nacional y Senado), que tenía previsto aprobar el lunes una de las leyes fundamentales de su mandato: la reforma de la justicia. Pese a contar con el apoyo de su primer ministro, el socialista Lionel Jospin, Chirac se ha visto sorprendido por la derecha. La oposición de los líderes de su partido, el Reagrupamiento por la República (RPR), y de la Unión para la Democracia Francesa (UDF), le han forzado a aplazar sine die la votación y evitar así una derrota histórica.

Esta actitud rebelde de la derecha representa un desaire para el presidente, que se destacó como el principal impulsor de esta reforma de la justicia. La suspensión del Congreso supone un reconocimiento de que no cuenta con el apoyo necesario.El punto fundamental de la reforma es el que modifica la composición y sistema de nombramientos del Consejo Superior de la Magistratura (CSM). La ley establece que los magistrados perderán su actual mayoría en el seno de ese consejo para dar entrada a profesionales del Derecho, consejeros del Estado y personalidades retiradas de la política. El Gobierno renuncia a la potestad de nombrar a los integrantes del CSM y deja en manos de ese consejo la posibilidad de aceptar o no a los candidatos propuestos por el Ejecutivo.

Emplazado por el jefe de Estado, el primer ministro, Lionel Jospin, accedió de mala gana a estampar su firma en el decreto presidencial que, por primera vez en la historia francesa, suspende la convocatoria del Congreso. Sin disimular su irritación ni ocultar sus reproches a la derecha, Jospin explicó por la tarde en la Asamblea que su firma se justificaba exclusivamente por el sentido de la responsabilidad, por el propósito de no "añadir a la situación una controversia constitucional sobre las prerrogativas del presidente de la República".

A pesar de ello, la crisis en la forzada cohabitación francesa está servida, al igual que la polémica y el cruce de acusaciones sobre la responsabilidad última de un asunto que vierte una paletada de descrédito sobre la clase política en general.

"Mucho me temo que la anulación del Congreso contribuirá a cavar la fosa ya existente entre los electores y los electos", comento, un tanto pesaroso, el presidente de la Asamblea francesa, el socialista Laurent Fabius.

El diario Le Monde reclamó a Chirac que utilice sus prerrogativas presidenciales y convoque un referendo sobre la reforma de la justicia, deseada, según las encuestas, por los ciudadanos. "La mayoría de los diputados y senadores de la derecha no quieren la independencia de la justicia", publicó el vespertino francés en su editorial, negando credibilidad al argumento que adjudica el fracaso a una pretendida falta de diálogo y de espíritu de consenso.

Mayoritaria en el Senado, minoritaria en la Asamblea, la derecha ha hecho valer por adelantado el peso de sus escaños, aprovechando que las modificaciones constitucionales exigen el respaldo de las tres quintas partes del Congreso.

Pese a que el texto que modifica el Consejo Superior de la Magistratura fue votado el 3 de junio por la gran mayoría de esos mismos diputados, por indicación de Chirac, la derecha ha visto aquí una ocasión propicia para estrenarse en esa oposición sistemática que propugna la nueva presidente del RPR, Michèle Alliot-Marie.

Temor a los jueces

Los recelos ante una ley que desata los vínculos de la justicia con el poder y el temor a esos jueces que están expurgando los turbios asuntos de la financiación ilegal han pesado igualmente en el comportamiento de la derecha. El RPR y el resto de los partidos de la oposición no parece dispuestos a seguir respaldando los movimientos, a veces efímeros, a veces contradictorios, que el presidente de la República realiza en su permanente pelea por sostenerse en las altas cotas de la popularidad.

El aplazamiento indefinido del Congreso no anula el resto de disposiciones de la reforma pendiente de la aprobación definitiva, Jospin admitió ayer que el equilibrio general en la coherencia de la reforma ha quedado seriamente afectado, a pesar de eso el primer ministro ratificó la determinación gubernamental de continuar con la reforma "aunque al menos por algún tiempo vaya a resultar incompleta".