El PA sólo aceptará la rectificación de Monteseirín para solucionar la crisis del gobierno municipal

La situación política en el Ayuntamiento de Sevilla está cada vez más enquistada, con el PA aferrado a sus exigencias iniciales y el alcalde, reacio a adoptar una decisión que se interprete como una rectificación. En este panorama estancado se deslizó, sin embargo, un gesto nuevo: un guiño del PA a sus antiguos socios de gobierno (PP). El portavoz andalucista Rafael Carmona elogió la actitud del anterior gobierno (PP-PA), que colaboró con la justicia sin "interferencias políticas ni administrativas" y emplazó a Monteseirín a seguir "el hilito que le marca la salida".

La tibieza del consejo de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla en cuanto a contenidos específicos contrastó con el alto voltaje político de la sesión celebrada ayer y que la ex alcaldesa Soledad Becerril describió como "un espectáculo nunca visto". El alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, como había prometido al comité de empresa, leyó una declaración institucional, en la que elogió la actividad del personal y lamentó la imputación de Juan García Gil en el proceso que se sigue para investigar las causas del derrumbe en el antiguo Bazar España. Aprovechó, además, la ocasión para censurar "cualquier intento de instrumentación partidaria" de los trabajadores de Urbanismo y pidió expresamente a todos los grupos que se abstuviesen de "caer en semejante error". Aunque Monteseirín no citó a ninguna formación, lo hizo el portavoz municipal de IU, Luis Pizarro: "El PA quiere usar a los trabajadores identificando sus intereses con los del PA".

El alcalde también habló del decreto que dictó a finales de diciembre y que le está costando un calvario político con sus socios andalucistas, que se prolonga desde hace una veintena de días. Ayer dijo que su medida "no va contra nadie" y, en caso de que se identifiquen responsabilidades administrativas del Ayuntamiento en el "caso Bazar España", tendrían un "carácter objetivo". "Nunca referida a la culpabilidad, negligencia o dolo de los empleados", dijo.

Ante esta declaración, el delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, reiteró todos los argumentos esgrimidos por el PA desde que se abrió la crisis, incluido el de responsabilizar en exclusiva al alcalde de la misma. Los andalucistas exigieron de nuevo la paralización de cualquier actuación administrativa hasta que finalicen las judiciales, al considerar que éstas tienen "la última palabra sobre posibles responsabilidades". Esta petición incluye, por supuesto, el decreto de diciembre.

El grupo andalucista, que también considera conveniente la concesión de ayudas asistenciales a las familias de las víctimas "según sus necesidades", introdujo, sin embargo, una mención expresa a la actitud del gobierno anterior (PP-PA), tras los sucesos del antiguo Bazar España, ocurridos el día de Nochevieja de 1998.

Carmona defendió la actitud adoptada por la coalición de entonces de colaborar con los tribunales "sin interferencias políticas ni administrativas", además de respetar la "profesionalidad" de los funcionarios. Y, al hilo de la actuación del regidor socialista, se preguntó si el abogado del PSOE, querellante en el "caso Bazar España", "no va a usar entre sus argumentos el de que el alcalde asume responsabilidades para exigir responsabilidades penales".

El tono mesurado y conciliador empleado en los últimos días por el equipo socialista, incluido el alcalde, que incluso han suavizado progresivamente su vocabulario -Monteseirín alude ahora a las "reparaciones económicas" y evita hablar de indemnizaciones-, contrasta con la línea dura que mantiene el portavoz andalucista, a pesar de afirmar que el alcalde quiere "dar marcha atrás".

"No me gustaría ser repelente, pero parece que este señor está metido en un laberinto", ironizó. Carmona, en el mismo tono sarcástico, recomendó al alcalde que siga el camino trazado por "un hilito" para encontrar la salida al pulso que mantienen ambos grupos.

El hilo al que alude el portavoz andalucista consiste en retirar el decreto, un extremo que Monteseirín quiere sortear para evitar que se consolide la imagen de que se desdice y rectifica sus planes con frecuencia. Algo que, en opinión de Soledad Becerril (PP), hizo ayer mismo al manifestar su apoyo a los empleados de Urbanismo, irritados desde que Monteseirín admitió que podía esperarse la imputación de un técnico del departamento en el "caso Bazar España".

Entre el coro de alabanzas a la profesionalidad de la plantilla de Urbanismo, IU diferenció su respaldo de "una carta de impunidad", al considerar que el trabajo de los empleados puede ser censurado.