La clave está en la diferencia
Hace cuatro años por estas fechas, Manuel Chaves era un político amortizado. Capitaneaba un partido dividido y en desbandada, un gobierno deshilachado con síndrome de sálvese quien pueda y gestionaba la mayor comunidad de España con unos presupuestos apolillados por las prórrogas sucesivas. Los sondeos de entonces pronosticaban la derrota del PSOE en las elecciones de marzo de 1996 en Andalucía y al presidente socialista algunos le habían confeccionado una mortaja a su medida. Ninguno de los vaticinios se cumplió y hoy, 20 de enero de 2000, Manuel Chaves González es el rey del mambo de la política andaluza.Para entender parte de la acción desarrollada por el presidente de la Junta en esta legislatura es conveniente remontarse a la anterior. Los que le conocen afirman que Chaves se curtió en el periodo 1994-1996, cuando la llamada pinza PP-IU le hizo pasar un auténtico calvario: no se aprobó en plazo ninguno de los presupuestos que tocaban, el Gobierno no enviaba proyectos de ley ante la seguridad de que se los iban a tumbar y el Ejecutivo tiró de decreto para sacar a trompicones lo que podía. Para que la subida a su particular Gólgota fuera completa, su partido se enconó en una especie de guerra civil. Esta cruz fue la que soportó peor.
Con estos mimbres, encabezó la lista del PSOE y ganó las elecciones autonómicas, quedando a tan sólo tres escaños de la mayoría absoluta. Uno de los primeros criterios que tuvo claro fue el de la estabilidad del Gobierno y, pese a que pudo haber optado por un acuerdo con pactos puntuales, decidió formar el primer Ejecutivo de coalición de la historia de la comunidad con el Partido Andalucista. La experiencia se ha saldado con cuatro años sin sobresaltos: cinco proyectos de Presupuestos se han aprobado y la producción legislativa casi ha igualado a la de la primera legislatura.
En su discurso de investidura, el 10 de abril de 1996, y en una intervención nocturna en el congreso del PSOE de Granada el 19 de mayo de ese año, está el guión de lo que Chaves ha hecho después. Ahora puede parecer que el socialista, que preside la Junta desde 1990, siempre ha sido rabiosamente autonomista, pero no es sino hasta hace cuatro años cuando pide por primera vez al Gobierno central dinero para el "hecho diferencial exigente y reivindicativo" de Andalucía. ¿Qué ha pasado entre medias? En la Moncloa ya no está Felipe González, sino José María Aznar, de ahí que la oposición le reproche el haber pedido al presidente del PP más en un día que en 13 años de gobiernos del PSOE. El mensaje que da en Granada es de consumo interno: "A los socialistas andaluces nos incumbe la responsabilidad de recuperar el poder en Madrid".
Los dos ingredientes juntos dan como resultado una legislatura combativa respecto al Gobierno central: la confrontación, la llaman incorrectamente los partidos. Las políticas diseñadas por la Junta de Andalucía, la comunidad de mayor importancia en manos de los socialistas, empiezan a servir de guía para otras comunidades e incluso dan argumentos a la dirección federal, que, como dice un dirigente, ejerce la "no-oposición".
La negativa a firmar el sistema de financiación autonómica es una decisión que se acuerda en el Gobierno andaluz, por entender que los criterios de reparto perjudican a la comunidad y que su viabilidad está condenada al fracaso, y es el equipo de la consejera de Economía el que se lo hace ver al PSOE. El reconocimiento de los efectos financieros del censo de la población en las transferencias del Estado es otro de los caballos de batalla, por el que todas las leyes de Presupuestos del Estado están recurridas ante el Tribunal Constitucional.
En la estrategia de marcar diferencias con el PP, el Gobierno de Chaves pone en marcha dos medidas de gran calado social, que se nutren del principio de que en época de bonanza económica es necesario reducir las diferencias de los que menos tienen: el pago de medicamentos excluidos de la financiación sanitaria y la subida de las pensiones asistenciales y no contributivas son iniciativas que abren un debate nacional y que además de buenas y bonitas, son baratas, ya que apenas suponen 3.500 millones de pesetas en los 2,5 billones del presupuesto andaluz de 1999. La aplicación de la jornada laboral de las 35 horas en la Administración es otra de las acciones señaladas, aunque la oposición cree que se trata de una propuesta de escaparate.
Un reproche que hacen los propios dirigentes del PSOE a su jefe es que el Gobierno de Chaves se ha sentido muy cómodo en la política del enfrentamiento con Madrid, hasta el punto de ser un recurso para aquellos responsables cuya gestión no llega al aprobado (no hay Pacto Local, ni ley de la Función Pública) y que esa dedicación tan intensa a la pelea ha tapado la gestión. También le recriminan el dejarse llevar por los criterios territoriales a la hora de elegir a los consejeros. Su implicación en la ley de Cajas de Ahorro, una norma paticoja aprobada incomprensiblemente al final del curso cuando se afinaban los tambores electorales, se considera una ingenuidad por cuanto la consideró una "ley de Estado" que salió sin el apoyo del único partido que es una alternativa de gobierno real, el popular.
En esta legislatura, Chaves se ha mantenido incólume. El acierto puede deberse a la coraza montada a su alrededor por su consejero de la Presidencia, pero la oposición también ha echado una mano. Los sucesivos cambios al frente del PP (dos líderes y tres portavoces en cuatro años) y de IU (dos coordinadores y dos portavoces) han contribuido a que ésta fuera su "legislatura de la suerte" como la describe un adversario político. Porque, si no, ¿cómo se explica que Chaves no subiera a la tribuna del Parlamento a dar explicaciones en una comparecencia sobre la catástrofe de Aznalcóllar cuando cinco consejerías estaban implicadas? Ningún grupo la pidió y el rey del mambo siguió el debate desde su asiento.
