La crisis por el "caso Bazar España" moviliza al personal de Urbanismo
La crisis desatada en el Ayuntamiento de Sevilla por el caso Bazar España salpica ya al ámbito laboral. El comité de empresa de la Gerencia de Urbanismo pidió ayer un pleno extraordinario para que se aclare si la corporación ha perdido "confianza" en su labor y para que se deje "sin eficacia cualquier actuación que ponga en discusión la profesionalidad" del personal . Aun sin mencionarlo expresamente, podría considerarse como una invitación al alcalde a retirar el decreto. Todos los grupos políticos recibirán hoy el comunicado.
La resolución aprobada ayer por el comité de empresa de la Gerencia de Urbanismo, que cuenta con unos 360 trabajadores en plantilla, expresa la "consternación" por la actitud de la corporación hacia el personal y muestra "preocupación" por la imputación de un técnico del departamento en el proceso judicial que investiga las causas del derrumbe del muro del antiguo Bazar España. El texto está repleto de alusiones veladas, más que de peticiones concretas, a excepción de la solicitud de un pleno extraordinario donde la Corporación aclare su posición respecto a la profesionalidad de la plantilla de Urbanismo.De forma implícita plantean la retirada del decreto del alcalde si los grupos municipales quieren mostrar su confianza en el personal, al pedir que se deje "sin eficacia cualquier actuación que ponga en discusión la profesionalidad de los trabajadores de la Gerencia". Pero también advierten de que no están dispuestos a asumir responsabilidades de "otras personas" o de "empresas que se relacionan con éstas fuera de nuestro estricto ejercicio profesional".
Esta resolución será enviada a partir de hoy a los cuatro grupos políticos y al alcalde, que ayer aseguró que se reunirá el sábado con el comité de empresa de la Gerencia. El lunes, además, los trabajadores tendrán una asamblea para decidir si convocan movilizaciones. El presidente del comité de empresa, Fernando Zamora, negó, sin embargo, que el personal haya adoptado medidas de protesta y aseguró que la actividad de la Gerencia se celebró ayer con normalidad, en contra de lo lamentado por la mañana por el delegado Rafael Carmona (PA). "La difícil situación está repercutiendo en los funcionarios de la Gerencia", dijo. El PA sostiene que la medida del alcalde ha colocado a los funcionarios "a los pies de los caballos".
Aunque Carmona achacó ayer a la actitud del alcalde el malestar del personal de su departamento, lo cierto es que los primeros movimientos que pudieran interpretarse como signos de protesta se han producido después de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla decidiese imputar a un técnico de Urbanismo, dentro del procedimiento que sigue para investigar el derrumbe del cerramiento del solar del antiguo Bazar España. El juez José Herrera ha citado a declarar como imputados a Juan García Gil, director del departamento de licencias y disciplina de la Gerencia, y al arquitecto Luis Recuenco, autor del proyecto de demolición del Bazar España.
El PA cree que el alcalde de Sevilla comienza a ceder en el pulso que libran los dos socios de gobierno por el caso Bazar España. "Ya no habla de indemnizaciones, si no de compensaciones", dijo Carmona. Sin embargo, también indicó que Monteseirín no rectifica plenamente porque, con otras medidas, "se ha ganado la imagen de la marcha atrás".
El delegado de Urbanismo insistió en que el decreto es un doble despropósito. Político porque hace peligrar la coalición, aunque "no el pacto". Y jurídico porque, dijo, el alcalde carece de competencias para iniciar un expediente de responsabilidad patrimonial de oficio, aunque la orden de Monteseirín, en realidad, sólo abre una vía para determinar si existen responsabilidades administrativas y/o patrimoniales del Ayuntamiento de Sevilla en el derrumbe del muro del antiguo Bazar España, que mató a cinco personas.
El portavoz del PA aseguró que los servicios jurídicos son incapaces de darle una salida al decreto. "No hay quién le hinque el diente", dijo. El presidente del PA, Alejandro Rojas-Marcos, dijo ayer que habló con Manuel Chaves durante los primeros días del enfrentamiento.
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