SEGURIDAD CIUDADANA EN EUSKADI Seguros, pero no tanto

"En el País Vasco se archivan más diligencias previas (el 75% que en el resto de España (70%)"Avanzado el mes de noviembre de 1999, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco expuso públicamente un Estudio sobre la criminalidad registrada en Euskadi, comparándola con la que se produce en otros territorios y estados. En resumen, decía que la Comunidad Autónoma del País

Vasco (CAPV) es uno de los espacios más seguros que hay en España, con tasas de delincuencia inferiores a la media estatal y muy por debajo de la media de otros países europeos. Es un mensaje que repite las campañas de imagen del anterior equipo del señor Atutxa con dosis de autocomplacencia y publicidad, cuando en su época de consejero la criminalidad aumentó un 20%.

Las argucias con los números tienen estas cosas, sobre todo cuando se carece de indicadores fiables y contrastados, del tipo utilizado por los "observatorios de criminalidad" franceses, o los propuestos por especialistas como Diego Torrente o Stangeland. En fin, las comparaciones son odiosas, pero significativas si se hacen bien, con el objetivo de conocer la realidad, que es el punto de partida para adoptar decisiones verdaderamente efectivas.

La primera regla para comparar es que los elementos en cuestión tengan características similares suficientes. Así, en el ámbito internacional, no se confrontan las cifras globales de criminalidad, porque los estados tienen diferentes definiciones de delitos. Por ejemplo, al consumo de drogas ilegales, que aquí es una infracción administrativa, en otros países es un delito. Se recurre por eso a cotejar elementos comunes, como los homicidios, el robo de vehículos, los atracos o las violaciones, sistema que el estudio del Departamento de Interior no realiza. Aunque también sería curioso que se comparasen datos policiales, que son los utilizados por Interpol, cuando las policías vascas, y la Ertzaintza en particular, no facilita los suyos desglosados.

En el mismo aspecto de "unidades de comparación", la persistente confrontación que hace el estudio, de la comunidad autónoma con Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, es un error. La distribución territorial vasca no es asimilable a zonas con urbes como Barcelona o de turismo como Sevilla, ni siquera utilizando la idea de Eusko-Iria (la "ciudad vasca " de Bernardo Atxaga). Alguna vez tendremos la cordura de pensar que Bilbao no es más que un barrio de Madrid (aunque sea mucho más importante). Un trabajo serio, dentro de la modalidad elegida, nos lleva a equiparar Vizcaya con La Coruña o Asturias, teniendo la primera 52,89 asuntos denunciados por cada 1.000 habitantes, 59,62 la gallega y 49,55 la asturiana. Álava podemos confrontarla con La Rioja, 52,42 denuncias por 44,19 de tasa riojana. Y Guipúzcoa tiene difícil comparación (chistes aparte), siendo su tasa de 44,30 casos denunciados, inferior a la de territorios de población parecida, como Badajoz (77,07) o Navarra (49,65). Como se ve, el resultado de esta comparación es algo distinto a las diferencias con Madrid (95,86) o Sevilla (113,05), que tienen gran influencia, junto con otras provincias, en la media estatal (81,36).

Una segunda característica de los informes debe ser la de tratar de confirmar sus resultados, verificar en lo posible sus conclusiones. Ello valida, o no, el sistema de mediación utilizado, siempre con la santa intención de mejorar las prestaciones del servicio en cuestión. Sirva otro ejemplo. La revista de la Ertzaintza, Harlax, en su último número, el 30, publica el Estudio sobre seguridad ciudadana y delincuencia en la CAPV durante 1997. Pues bien, en uno de sus apartados dice que, en base a la encuesta de victimización realizada entonces, habría ese año 89.396 personas que denunciarían hechos supuestamente delictivos. Si compulsamos este dato con las cifras de la Memoria de la Fiscalía de tal año, vemos que la misma recoge 112.769 diligencias previas, equiparación que tendríamos que corregir por las personas que denuncian varias veces, o por las diligencias en las que se encuentran múltiples denunciantes. En definitiva, es una desviación significativa que debe llevar a la reflexión, y posiblemente a la mejora del soporte estadístico reflejado. Por último, hagamos un esfuerzo y evolucionemos en la ciencia de la comparación. Crucemos datos que tengan que ver entre sí, para conseguir apreciar realidades más profundas. Qué duda cabe que en cuanto a la seguridad es importante la labor policial desarrollada, por ejemplo en el esclarecimiento de los hechos. En este sentido, la Memoria de la Fiscalía aporta una clasificación interesante, pues señala las diligencias que se archivan por "desconocimiento del autor". Cuantas más diligencias se archiven, peor, porque mayor es la impunidad delictiva. En el conjunto del Estado se archivaron por esta causa el 70,88% de las diligencias previas (de cada 100 denuncias, 71 no se investigan penalmente). La media de la CAPV es del 75,50%, con un 81,30 en Álava (La Rioja, 42,10), 77,68 en Bizkaia (La Coruña, 58,15; Asturias, 67,08) y 68,70% en Guipúzcoa (Badajoz, 47,64; Navarra, 72,97). Veamos un poco más. Busquemos las tasas de diligencias que se persiguen en los juzgados por cada policía, una medida evidente de eficacia. En el Estado hay 180.730 policías, y en 1998 no se archivaron 788.310 diligencias, lo que da una tasa de 4,36 diligencias por cada policía. En la CAPV, la última cifra oficial de policías es de 14.658, lo que con 23.568 diligencias no archivadas, da una tasa de 1,61. Si contásemos sólo con las policías vascas, unos 10.000 agentes, la tasa sería de 2,35.

Es el reflejo de una situación que exige una mejora inmediata, a la que estamos compromentidos profesionalmente, y que nos hace decir que estamos seguros, pero no tanto.