El juicio del "caso Lasa-Zabala" se reanuda hoy con la declaración de Vera

El juicio por el caso Lasa-Zabala se reanuda esta mañana con la declaración del exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera para el que el fiscal pide dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por delito de encubrimiento.Vera, al igual que el abogado vinculado al Ministerio del Interior Jorge Argote, que será el último acusado en declarar, no está acusado de haber ordenado o participado en el secuestro, torturas y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, sino de haber realizado presuntamente maniobras para ocultar los hechos y a sus presuntos autores entre 1991 y 1994.

El encubrimiento de los delitos principales es colateral al objeto primordial del proceso, por lo que Vera y Argote declaran en el juicio después de los principales procesados: el exgobernador civil Julen Elgorriaga; el general Enrique Rodríguez Galindo; el teniente coronel Ángel Vaquero y los exguardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo.

Según el fiscal, el abogado Jorge Argote conoció lo ocurrido con Lasa y Zabala mucho antes de que se iniciasen las investigaciones del proceso que ahora se juzga. Interior, ante las quejas de los policías y guardias civiles de que no tenían una efectiva defensa jurídica cuando eran juzgados en el País Vasco por delitos de torturas, decidió en 1983 poner a Argote al frente del Departamento de Servicios Jurídicos. El equipo de Argote se hacía cargo de la defensa de los agentes no sólo en los casos de torturas, sino también en otros procedimientos, y así asistió como abogado defensor de Dorado y Bayo en varios procesos penales por delitos de robo, torturas, cohecho y amenazas, en los que luego resultaron condenados.

Argote supo también que ambos iban a ser expulsados de la Guardia Civil, y que habían decidido denunciar a sus superiores por el caso Lasa-Zabala si éstos no les ayudaban. El letrado, según el fiscal, informó a Vera, quien adoptó varias medidas en su beneficio entre 1991 y 1994.

Curso de piloto

Bayo siguió un curso de piloto en Estados Unidos que costó seis millones de pesetas que fueron pagados por Interior. Después estuvo en tratamiento psiquiátrico por una depresión en la Clínica López Ibor, y también lo pagó Interior. Sin embargo, ante el temor de que Bayo pudiera relatar lo ocurrido a los médicos que le atendían, Argote consiguió que se le ingresase en el Hospital Psiquiátrico Militar, a pesar de que Bayo ya había sido expulsado de la Guardia Civil.

Roldán, por orden de Vera, entregó a los padres de Bayo dos millones de pesetas procedentes del presupuesto de Acción Social de la Guardia Civil. Argote consiguió también que tanto a Dorado como a Bayo se les concediera una pensión del 200% a pesar de que ya habían sido expulsados de la Guardia Civil.

Vera y Argote han negado las acusaciones contra ellos, si bien la concesión de las pensiones y los otros pagos, están acreditados en el sumario.