Gil admite haber pagado dinero negro para refutar las acusaciones contra él

El ex presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, admitió ayer ante el juez Manuel García-Castellón, de forma genérica, haber aportado dinero negro al Atlético de Madrid, para refutar las acusaciones de estafa, apropiación indebida, falsedad y delito societario que pesan contra él, según informaron varios juristas presentes en la declaración. Gil no habló en ningún momento de dinero negro, sino que se refirió a "contratos adicionales complementarios" o "retribuciones complementarias" para justificar aportaciones económicas que no figuran en la contabilidad oficial. El juez aplazó la vistilla sobre medidas cautelares que había pedido el fiscal hasta la semana próxima, después de que oiga a todos los querellados.

Gil llegó a la Audiencia Nacional arropado por un centenar de sus seguidores que con silbatos y coreando consignas apoyaban a su presidente. Llevaba una gran bolsa que contenía más de medio centenar de informes y documentos encuadernados para aportar al juzgado y demostrar sus afirmaciones de que las imputaciones contra él son falsas. Gil se mostró nervioso en su comparecencia ante el juez y reconoció a los periodistas estar "conscientemente preocupado".El juez García-Castellón, que llevaba un collarín por una lesión en las cervicales, presidió un interrogatorio de más de cuatro horas de duración, en el que, según todas las fuentes, Gil rechazó todas las imputaciones y defendió la legalidad de la conversión del Atlético en una sociedad anónima deportiva. En sus explicaciones es donde Gil admitió la existencia de contratos oficiales y otros "contratos adicionales complementarios", que no tuvieron reflejo en la contabilidad del club, sino en una contabilidad paralela que Gil realizó sobre sus negocios con el Atlético.

Según los asistentes, Gil asumió de forma genérica que realizó pagos en dinero negro entre 1987 y 1991, lo que supondría un delito fiscal debido a la importancia de las sumas, pero que ya habría prescrito.

Gil aseguró que el Consejo Superior de Deportes sabía de la situación de la entidad y no hizo nada, y que si él recurrió a esos pagos y esa contabilidad paralela fue porque el citado organismo le obligaba a no endeudar al club y financiar a su costa la compra de jugadores. Así se hizo al contratar al que fue capitán del Atlético Paulo Futre, del que explicó que tenía un contrato oficial y un contrato complementario.

Seguro de caución

Jesús Gil afirmó que el 97% de la sociedad del Atlético de Madrid le pertenece e informó que ha contratado un seguro de caución por importe de 350 millones de pesetas para hacer frente a cualquier incidencia respecto a los socios minoritarios de la entidad. La querella de la Fiscalía Anticorrupción imputa a Gil haberse apropiado de 112 millones de pesetas de los pequeños accionistas de club, por lo que al contratar el seguro Gil se asegura que estén cubiertos los perjuicios que de su actuación pudieran derivarse para terceras personas.

El ex presidente del Atlético dijo que sobre todas las operaciones realizadas por el club a partir de 1992 habría que preguntarle a su hijo, pues estaba encargado de la gestión, a pesar de que él seguía siendo el presidente.

Entre los documentos aportados al juez figuran los reconocimientos de deuda del club, las actas de la asamblea donde se reconoció la deuda, los ingresos en los bancos y las aportaciones al Consejo Superior de Deportes.

Jesús Gil contestó a todas las preguntas del fiscal, Carlos Castresana, pero se negó a responder a las preguntas de su ex abogado José Luis Sierra, así como las que formuló el letrado Juan Carlos Riera Blanco, que representa a tres accionistas perjudicados. Gil alegó para no responder a este último que Sierra le había apuntado las preguntas.

Aunque a finales de semana o principios de la que viene el juez decidirá sobre la adopción de medidas cautelares contra Gil, éste no ingresará previsiblemente en prisión, sino que quedará en libertad bajo fianza. Ni el fiscal, ni la acusación solicitan su ingreso en prisión preventiva, y aunque así fuese, muy probablemente el juez no la acordaría, puesto que no existe riesgo de fuga, ni de que el delito se repita porque hay una intervención judicial, ni a estas alturas, cuando ya se han registrado las oficinas del club, hay posibilidad de obstruir la investigación judicial.

Gil, a la salida del juzgado, atacó al administrador Luis Manuel Rubí, del que dijo que "está teniendo un comportamiento de enemigo total de la entidad. No está para defenderla".