El nuevo Gobierno argentino no cree posible que el auto de Garzón prospere

El ministro de Justicia del Gobierno argentino, Ricardo Gil Lavedra, recibió y trasladó al juez federal de turno, Gustavo Literas, la orden de captura enviada por Interpol a petición del juez español Baltasar Garzón para que la policía argentina detenga a 48 ex militares, policías y un civil acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura instalada en el poder tras el golpe de Estado de 1976. Gil Lavedra dijo que "es prácticamente imposible que Argentina conceda la extradición".Para el ministro -que fue miembro del tribunal que juzgó y condenó en 1985 a las juntas de comandantes de la dictadura-, "son casos muy claros en los cuales Argentina ha actuado y por lo cual la pretensión de aplicar un derecho extranjero es casi imposible. Se habla de genocidio cuando esto no ocurrió durante la sangrienta represión antiguerrillera en la década de los setenta. Genocidio es una matanza masiva por razones étnicas o religiosas, y eso no ocurrió aquí".

El juez federal de turno durante las fiestas del mes de enero, Gustavo Literas, pidió ayer a la cancillería argentina que reclame "precisiones" sobre el auto de detención enviado por Garzón. Según el juez Literas, "el contenido no se ajusta al tratado de asistencia y cooperación internacional en materia penal; además, hay fallos en los nombres y en los datos personales de los involucrados".

El ministro Gil Lavedra dijo que es el juez Literas "quien tendrá que decidir si la petición satisface los recaudos mínimos y si accede o no al reclamo", pero advirtió que "se trata de un juez de España que pretende aplicar la justicia española a hechos cometidos en Argentina hace más de 20 años y sobre los cuales se ejerce y ejerció la jurisdicción argentina. Casi todas estas personas están radicadas en el país, muchas están detenidas en la causa por la sustracción de niños durante la dictadura. Nosotros vamos a cumplir con todos los recaudos legales, pero, sobre todas las cosas, vamos a defender la jurisdicción argentina".

Respeto a la independencia

El cambio en las formas del nuevo Gobierno de la Alianza, presidido por Fernando de la Rúa, que traslada a los jueces el pedido de Garzón y no lo rechaza por decreto, como lo hizo su sucesor, no afecta a la política de fondo, en la que De la Rúa coincide con el ex presidente Carlos Menem en defender la jurisdicción territorial de Argentina. Según De la Rúa, "el Gobierno va a considerar el pedido de detención solicitado por Garzón, pero Argentina no es un país dependiente y el sistema jurídico argentino debe ser respetado".

Tras la reunión del Gabinete de Ministros con el presidente, la ministra Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido, dijo que, "sin entrar en valoraciones políticas", la situación de los militares argentinos no es comparable a la de Pinochet, "porque en Chile aún no se juzgó a la dictadura y en Argentina los responsables fueron juzgados y condenados, aunque luego se les indultaran las penas".