Una Universidad más cercana a la sociedad

El capital humano se ha convertido en el principal factor determinante del crecimiento económico en las economías modernas. Las sociedades desarrolladas caminan hacia una economía basada en el conocimiento. La capacidad creadora de las ideas y la capacidad de utilizarlas con inteligencia cuentan más que los tradicionales factores de producción como fuente de desarrollo y de creación de riqueza. Dentro de este contexto, la educación juega un papel fundamental y la Universidad es la gran factoría del conocimiento. Por ello, el análisis de la situación de la enseñanza superior en España, la visión de sus debilidades y fortalezas y las propuestas de líneas de reforma que mejoren su funcionamiento para ajustarlo a las necesidades de la sociedad española son tareas de la mayor trascendencia.En casi todos los países desarrollados existe un creciente interés por introducir mecanismos de mercado en el campo de la educación, incluido el modelo universitario. En Estados Unidos, por ejemplo, el debate sobre el bono o cheque escolar está de plena actualidad. Este interés obedece a causas muy diversas, según los países: la necesidad de reducir el gasto público, la percepción de una falta de adecuación entre la oferta universitaria y la demanda, la insuficiente calidad de la educación superior, el exceso de burocratización del sistema universitario público, etcétera.

En las últimas décadas se ha producido un retroceso del sector público en la prestación de bienes y servicios y un crecimiento paralelo del papel del sector privado en este campo. Este proceso se ha traducido en un aumento de la calidad y en una reducción de costes en los sectores privatizados y sometidos a presión competitiva. Esta situación ha llevado a plantear la posibilidad de extender la dinámica liberalizadora a otros ámbitos, entre los cuales se encuentra el educativo.

El enfoque sobre la reforma universitaria se ha planteado tradicionalmente como la necesidad de adaptar la educación a las exigencias de la sociedad, del mercado laboral, de las nuevas realidades económicas. Generalmente, este llamamiento a la reforma se suele acompañar de una apelación a la importancia de elevar la calidad de la enseñanza. Y casi siempre se busca la causa de los problemas en la insuficiencia de los recursos y se demanda un mayor gasto público para resolverlos. Un recurso fácil que no tiene una base sólida, pues los desembolsos realizados por el Estado en educación superior son similares en España a los existentes en otros países de nivel similar de desarrollo y, además, no existe ninguna evidencia de que más gasto se traduzca en mejores resultados.

Lo que sí parece claro -en opinión del Círculo de Empresarios, que acaba de publicar una monografía bajo el título La Universidad del siglo XXI. Libertad, competencia y calidad, en la que se analiza este problema- es que el objetivo de adaptación de la Universidad a las auténticas necesidades de la sociedad no puede lograrse a través de un proceso planificador gestionado en régimen de monopolio por los poderes públicos, porque carecemos de la información y del conocimiento preciso para saber qué necesidades nos va a plantear el futuro. Las sociedades en el cambio de milenio son muy dinámicas, y las demandas de aparato productivo, altamente cambiantes. El éxito o el fracaso de un modelo universitario estriba, en estas circunstancias, en la capacidad de ajustarse con flexibilidad y rapidez a los cambios del entorno. Una meta en apariencia menos ambiciosa, pero sin duda mucho más eficaz.

Al igual que ocurre en otras áreas de actividad, una Universidad más sensible a los deseos y necesidades de la demanda exige introducir mecanismos de competencia tanto dentro del propio sistema universitario público como entre éste y el privado. Esta posibilidad no existe en estos momentos en España y, en consecuencia, las universidades no tienen la obligación de competir entre sí para contratar los mejores profesores entre los existentes ni para captar a los mejores alumnos. En pocas palabras, la oferta de educación superior no siente ninguna presión por parte de sus clientes, los alumnos, las empresas, etcétera, ni se ve forzada, por lo tanto, a satisfacer sus necesidades. La Universidad española tiene, en la práctica, los mismos problemas que todos los servicios prestados por el sector público en régimen de monopolio.

Las soluciones, en este sentido, tendrán que venir por la vía de eliminar las restricciones a la competencia dentro del modelo público e intensificar la presión competitiva procedente del sector privado, lo que exige suprimir las barreras levantadas por la regulación a la entrada de la iniciativa privada en el mercado de la educación superior. Por otra parte, una política de becas y préstamos inteligente, e incluso medidas como la introducción del bono universitario, permitirían combinar el acercamiento de los costes universitarios a la realidad sin lesionar el principio de igualdad de oportunidades, con una visión de la enseñanza universitaria como una carrera abierta al talento.

Las comunidades autónomas, por otra parte, no han utilizado la autonomía universitaria para acabar con el sistema endogámico de selección de profesores y alumnos propio de la actual Universidad española. Muy al contrario, continúan gestionando la oferta de acuerdo con los intereses internos de cada universidad, sin tener en cuenta lo que la demanda (alumnos y empresas) desea.

La pretensión del Círculo de Empresarios es contribuir a la apertura en España de un gran debate nacional sobre el futuro de la enseñanza universitaria y sugerir que la introducción de las fuerzas del mercado en la Universidad puede ser una ayuda importante para lograr una Universidad de mayor calidad, en la que se fomente el espíritu creativo y la aparición de vocaciones empresariales, y más ajustada a las necesidades de la sociedad española.

Francisco Moreno de Alborán es presidente del Comité de Gestión Empresarial y Productividad del Círculo de Empresarios.