La exorbitante factura de las urnas

La reciente celebración de las elecciones catalanas y la proximidad de las elecciones generales han llevado a los empresarios del Círculo de Economía -un prestigioso grupo de presión presidido en su día por el hoy ministro Piqué- a manifestar su preocupación por los exorbitantes gastos de los partidos que concurren a esas convocatorias. Su reciente documento sobre La financiación de los partidos políticos critica el "coste excesivo de la actividad electoral" no sólo en España sino también en otros países europeos y le atribuye el peso principal de su endeudamiento y déficit crónico. Los motivos de preocupación del Círculo de Economía son a la vez cívicos y corporativos: existe una íntima relación entre los dispendios electorales de los partidos y la patología de financiación ilegal y corrupción individual de los cargos públicos que tanto perturba la libre competencia en el mercado.Los empresarios catalanes son bastante más prudentes que los publicistas aficionados a maldecir a la partitocracia y a la clase política emulando las demagógicas jeremíadas anti-sistema de los regeneracionistas de hace un siglo. El documento del Círculo de Economía afirma de forma taxativa que "no se puede hablar de generalización de la corrupción" en la vida pública española, "ni tampoco de que exista una amenaza para la democracia". Ahora bien, "la reiteración de esas prácticas ilegales" y la atención cada vez mayor de la opinión pública crean el grave riesgo de deteriorar su imagen. Si la tangentopolis puesta al descubierto a comienzos de los noventa por los jueces en Italia y la marea de escándalos que ha invadido los tribunales de Francia durante los últimos años habían ya mostrado que la financiación irregular no fue inventada por los partidos españoles (imitadores, por el contrario, de sus padrinos europeos), las recientes informaciones sobre los sobornos cobrados por la democracia cristiana de Kohl enseñan igualmente que la corrupción institucional carcome tanto a la derecha como a la izquierda.

Los empresarios no son simples espectadores de ese deterioro de la vida pública: en este pleito actúan a la vez como juez y como parte. Porque las prácticas de financiación ilegal de los partidos, nacidas en buena medida de la necesidad de sufragar sus multimillonarias campañas electorales, están contaminando las actividades empresariales -especialmente cuando dependen "de regulaciones o decisiones discrecionales de los poderes públicos"- con el resultado último de encarecer los costes del negocio y los precios pagados por los consumidores. Es un secreto a voces que las tesorerías de los partidos se han venido alimentando en toda Europa -algo más que ocasionalmente- de comisiones ilegales abonadas por empresarios a cambio de contratos con el Estado y de recalificaciones urbanísticas decididas por titulares de cargos públicos que militan en sus filas. "La corrupción -concede el documento- es cosas de dos": ¿qué fué antes: el huevo o la gallina? Aunque los tratos ilegales entre la política y el dinero nacieron probablemente por iniciativa de empresarios dispuestos a desbancar a sus competidores mediante la compra de influencias políticas, con el paso del tiempo los corruptores han pasado a ser los extorsionados.

El Círculo de Economía sugiere la creación de una comisión de expertos independientes que estudie la reforma del actual sistema de financiación de las organizaciones políticas y emplaza a los partidos a incluir esa propuesta en sus programas electorales para la próxima legislatura. Pero los empresarios pecan de ingenuos. Las Cortes Generales bien hubiesen podido seguir la reciente recomendación de Carlos Jiménez Villarejo, jefe de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, para tipificar como delito la financiación ilegal de los partidos. Y los diputados y senadores que aprobaron en 1995 el pomposamente denominado Código Penal de la democracia no dudaron en dejar fuera de su articulado, a requerimiento de las organizaciones encargadas de pastorearles, la sanción de las conductas criminales dirigidas a desviar hacia la tesorería de los partidos las comisiones ilegales y los sobornos extorsionados a los empresarios como pago por la adopción de decisiones administrativas tomadas por titulares de altos cargos fieles a la disciplina partidista.