El Congreso propone crear un banco de datos común a todas las policías

La Comisión de Justicia e Interior se reunirá hoy, en lo que constituye la última actividad ordinaria del Congreso en esta legislatura, para aprobar el dictamen de la Subcomisión sobre el establecimiento de un nuevo modelo policial. El informe será aprobado, pues sólo Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna y PSOE han presentado votos particulares. Además, el ponente socialista, Pedro Jover, matizó ayer que su grupo no está en contra del documento, sino que sólo pretende completarlo.Mientras que CiU votará a favor, la representante del PNV, Margarita Uria, adelantó su propósito de abstenerse, pues a su jucio el informe final ha quedado tan descafeinado que resulta difícil votar a favor o en contra.

El documento, agregó, es "un conjunto de frases más o menos bienintencionadas que no reflejan el trabajo ni los problemas que se han planteado en la subcomisión", que se creó en mayo de 1997 y escuchó el testimonio de 60 comparecientes, además de viajar a Italia, Reino Unido, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Ceuta y Canarias.

El informe que hoy aprobará la Comisión de Justicia e Interior es una versión notablemente suavizada del que presentó inicialmente el presidente de la subcomisión, el popular Ignacio Gil Lázaro, de cuyo contenido informó EL PAÍS el pasado día 15.

Su principal novedad está en la propuesta de crear "un órgano centralizador de datos a disposición" de los diferente cuerpos policiales, "sin que ello obste para que consensuadamente por todos se fijen las debidas cautelas y niveles de uso de la información acreditada en él", agrega.

La necesidad de que cualquier medida que se adopte sea fruto de un acuerdo es una constante de todo el documento, a diferencia de lo que ocurría con el primer borrador. Así ocurre, por ejemplo, con la homogeneización de los sueldos -un ertzaina o un mosso ganan en torno a 60.000 pesetas más al mes que un policía o un guardia civil-, que se plantea en los siguientes términos: "Sería deseable un acuerdo global entre administraciones que permitiera una cierta homologación de los niveles retributivos de los profesionales de la Seguridad Pública para evitar conflictos innecesarios y para no reproducir agravios comparativos".

También se dice que, "si se alcanzara un acuerdo político", debería estudiarse la incorporación de policías estatales y locales a los cuerpos autonómicos, para "evitar un incremento excesivo y desproporcionado de los efectivos totales", ya que, se recuerda, España tiene la mayor proporción de policías por habitante de la Unión Europea.

Igualmente, propugna "un gran marco concordado" que establezca "un código ético común" para todos los cuerpos policiales y propone "valorar la viabilidad" de crear en el Ministerio del Interior un Centro de Estudios Superiores de la Seguridad Pública, similar a lo que representa el Ceseden (Centro Superior de Estudios de la Defensa) para las Fuerzas Armadas.

El documento final, al contrario que el inicial, renuncia a desaconsejar la creación de nuevas policías autonómicas y, aunque recuerda que las relaciones con Europol, el embrión de la policía europea, son competencia de la Secretaría de Estado para la Seguridad, subraya la necesidad de que ésta mantenga un contacto permanente con las autoridades de Cataluña y el País Vasco.

Modelo federal

El voto particular del PSOE señala que, si se generalizaran las policías autonómicas, habría que "estudiar la necesidad de avanzar hacia la efectiva federalización del modelo". También defiende, como principal innovación, la necesidad de que la Policía Judicial, que ahora depende funcionalmente de los jueces, pase a depender del Ministerio Fiscal, que se convertiría en el verdadero instructor, mientras que éste asumiría la función de "juez de garantías" de los derechos fundamentales de los acusados en el proceso.

IU, por su parte, propone la desmilitarización de la Guardia Civil y su fusión con el Cuerpo Nacional de Policía en un nuevo Cuerpo Federal de Policía.