Un juez imputa a seis concejales del GIL un delito urbanístico

Las fiestas navideñas no han disminuido el ritmo de los numerosos procesos judiciales que se siguen contra el alcalde de Marbella, Jesús Gil, y concejales de su grupo, la mayoría de ellos por delitos contra la ordenación del territorio. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, Antonio Ruiz Villén, citó ayer a declarar en calidad de imputados a seis concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) que han participado en comisiones de gobierno en las que se concedieron licencias de obra. Los concejales de Asuntos Sociales y Hacienda, Marisa Alcalá y Rafael González, y los ex ediles gilistas Juan Antonio Yagüe, Manuel Calle Arcal y Dolores Zurdo, que comparecieron ante el magistrado por espacio de hora y media, restaron importancia a la denuncia y no quisieron precisar más detalles de sus declaraciones. El primer teniente de alcalde, Julián Muñóz, también citado como imputado no acudió finalmente a los juzgados al encontrarse fuera de la localidad.La denuncia fue interpuesta por un particular contra los concejales que otorgaron, en comisión de gobierno, una licencia de obra que permitía un exceso de edificabilidad según el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. La obra se ubica en la zona conocida como Nagüeles, en una parcela calificada en este plan de unifamiliar exenta. En la revisión del documento urbanístico realizada por el regidor marbellí el solar pasó a estar calificado como urbanizable, y se autorizó una construcción de planta baja más cuatro, aunque según la denuncia se está construyendo un edificio de planta baja más cinco.

Vigencia

La polémica sobre la vigencia del PGOU de 1986 enfrenta al Ayuntamiento de Marbella y a la Junta de Andalucía. Jesús Gil sostiene que este documento no tiene validez porque no fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, e insiste en que el planeamiento urbanístico vigente es el que el equipo de gobierno aprobó en un pleno celebrado de madrugada en agosto de 1998. Esta opinión nunca ha sido compartida ni por el PSOE ni por el Gobierno andaluz que defienden la validez del Plan de 1986 en tanto se apruebe definitivamente el nuevo documento. La comisión provincial de Urbanismo rechazó el 20 de julio de 1998 el plan elaborado por el GIL y exigió a Jesús Gil un texto refundido.

En la actualidad la tramitación de la revisión del PGOU de Marbella se encuentra paralizada por Urbanismo, que considera que el texto remitido por el Ayuntamiento carece de los informes preceptivos de Costas, Cultura y Medio Ambiente. La Junta también ha retirado a Gil la mayor parte de las competencias urbanísticas que le delegó en 1994, por falta de confianza en su gestión urbanística, de forma que el consistorio mantiene la facultad de conceder licencias, aunque no podrá ordenar el territorio.