Baja en plomo

LA GASOLINA súper con plomo es la más extendida en España. Representa el 52% del consumo total y la utilizan 3,5 millones de automóviles. Su sustitución en un plazo tan breve como el que inicialmente propuso la Comisión Europea, el 1 de enero del año 2001, equivalía a introducir serias distorsiones en el mercado automovilístico. El que finalmente se haya ampliado hasta el 1 de enero del año 2002 contribuirá a un cambio menos traumático del combustible de automoción, tanto en España como en Grecia e Italia.La sustitución de la gasolina súper por gasolina verde o sin plomo pretende eliminar la contaminación ambiental que produce este carburante por los aditivos derivados del plomo que incorpora para mejorar su rendimiento. Es una decisión política aceptable, adoptada por consenso europeo, y no es momento de discutirla. Pero tiene unas consecuencias económicas importantes. Los usuarios afectados son los que tienen automóviles más antiguos, y hay que presumir que su nivel de renta pertenece al estrato medio-bajo. Puesto que el cambio de carburante es una decisión política, sería injusto que las consecuencias de esta sustitución obligada de gasolinas se trasladen íntegramente a las cuentas de resultados de los fabricantes de automóviles en forma de beneficios sin contrapartidas.

España tiene una experiencia satisfactoria en la aplicación de planes de modernización del parque automovilístico, conocidos popularmente como Renove. El Gobierno tiene la responsabilidad de organizar un programa de sustitución de la súper que no perjudique a los consumidores, ni en el suministro ni en sus bolsillos. Ese programa debería incluir exenciones fiscales y bonificaciones en el precio de venta de los vehículos con cargo a las cuentas de resultados de las empresas. Si se hace bien, tendremos vehículos más seguros, las empresas tendrán más ingresos y los consumidores sufrirán menores consecuencias.