El futuro del Atlético

UN AUTO del juez García Castellón ha destituido al Consejo de Administración del club Atlético de Madrid, con Jesús Gil a la cabeza, ha nombrado un administrador judicial del club y ha ordenado asimismo el embargo, intervención y secuestro de las acciones de la sociedad anónima deportiva. El auto enumera indicios de varios delitos presuntamente cometidos por Jesús Gil y los actuales administradores, entre ellos uno de apropiación indebida de casi 8.800 millones de pesetas, que podrían ampliarse hasta casi 9.500 millones a través de "sucesivas operaciones para las que se han servido del club". El juez afirma que para ello "han usurpado la condición de principales accionistas y administradores que nunca les correspondió legalmente, y han falsificado la documentación contable y mercantil que les ha permitido mantener durante siete años la ficiticia titularidad formal de la entidad, mientras aprovechaban dicha posición para vaciar patrimonialmente el club deportivo y enriquecerse a coste de los socios y del erario de la Hacienda pública y de la Seguridad Social".Quizá se pueda decir de forma más extensa, pero no más clara. Lo que ahora le corresponde al juez es convertir lo que considera indicios decisivos en pruebas solventes dentro de un proceso garantista. Si las cosas son como describe el juez, la intervención judicial es lo mejor que le puede suceder en estos momentos a un club de la historia del Atlético de Madrid. Sin llegar a los extremos de lo que se conoce como alarma social, era un valor admitido entre los aficionados del club colchonero que las prácticas financieras del equipo Gil eran poco transparentes y que la imagen del club se estaba deteriorando, en virtud de los particulares procedimientos de confusión entre patrimonio público, societario y privado, en beneficio del alcalde de Marbella. El nombramiento de un administrador judicial debe contribuir a aclarar la situación financiera y societaria del club, cuya gestión sólo debería permanecer en esta situación anómala el mínimo tiempo posible.

La gestión económico-financiera está íntimamente ligada a la evolución deportiva de un club de fútbol. El talante de Gil y la sospecha creciente sobre sus prácticas financieras tenían mucho que ver con las pobres prestaciones de los jugadores en el campo. Todo lo que contribuya a convertir el club en una entidad transparente servirá también para recuperar la mentalidad competitiva de los jugadores.

Gil debe contar con todas las garantías legales que ofrece la justicia, a pesar de los feroces dicterios que ha lanzado contra los jueces. Tendrá oportunidad de demostrar, por ejemplo, como dijo ayer en conferencia de prensa, que depositó los avales de más de 2.000 millones de pesetas para convertir el club deportivo en sociedad anónima deportiva. La Federación Española de Fútbol, como autoridad del ramo, debería contribuir a que el procedimiento de intervención abierto por el juez sirva para esclarecer de una vez el estado real del club; y para ello, su mejor contribución sería ayudar a la justicia ordinaria y no suscitar conflictos innecesarios.