Gil, destituido al frente del Atlético

Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, decretó ayer la destitución del presidente del Atlético, Jesús Gil y Gil, del vicepresidente Enrique Cerezo -entre ambos poseen el 95,4 de las acciones del club- y de todo el consejo de administración del club. El juez nombró hasta el 31 de marzo a un administrador judicial con plenos poderes para llevar la gestión del club mientras se investigan los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y delitos societarios, que la Fiscalía Anticorrupción cifra en 9.427 millones de pesetas. Gil rechazó las acusaciones y dijo: "Es el precio que pago por la aventura de Ceuta y Melilla". Y añadió que el traspaso de José Mari al Milan ha precipitado la decisión del juez.

Dos días después del anuncio del traspaso de José Mari al Milan, por 3.200 millones de pesetas, se produjo la intervención judicial del Atlético, extremo que, según fuentes cercanos al caso, precipitó la decisión del juez, para garantizar que el dinero no saldría de las arcas del club.El administrador judicial que ayer se hizo cargo del club es Luis Manuel Rubí, inspector de finanzas del Estado. Rubí, que juró su cargo en la tarde de ayer -apenas una hora después de redactarse el auto judicial- ocupó la sede el Atlético al frente de un numeroso grupo de agentes de la Guardia Civil. El juez le ha facultado para recabar el auxilio de los cuerpos de seguridad que precise para el desempeño de sus funciones y para designar funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que colaboren con él.

El juez también ordenó la intervención y bloqueo de cuentas, saldos en metálico y bancarios y cajas de seguridad del Atlético de Madrid y de la empresa Promociones Futbolísticas, propiedad de Jesús Gil y relacionada con el supuesto delito, según los informes redactados por escrito por los peritos José Luis Carrero y Juan Antonio Martínez. Asimismo, revocó las órdenes de transferencia pendientes de tramitación. La intervención judicial les fue notificada a Miguel Ángel Gil Marín y a Enrique Cerezo en la Audiencia Nacional en la mañana de ayer.

A finales de julio, el fiscal anticorrupción adscrito al caso Atlético, Carlos Castresana, presentó una querella en la Audiencia Nacional contra Jesús Gil y otros gestores del Atlético de Madrid. El pasado sábado fue levantado el secreto de las actuaciones y el miércoles el fiscal pidió la intervención judicial decretada ayer.

El auto de García Castellón está fundamentado casi en su totalidad en una petición del fiscal Castresana, presentada en la mañana del miércoles 21, un día antes de la intervención. El magistrado hace suyos de manera expresa los hechos y fundamentos de la petición del fiscal.

En ese escrito, Castresana reitera las acusaciones de que Jesús Gil y Enrique Cerezo se hicieron con el 94,5% del capital social del club, valorado en más de 1.950 millones de pesetas "sin desembolsar cantidad alguna por sus acciones", en tanto que 3.174 socios desembolsaron 112 millones correspondientes al 5,5 % restante, cantidad que "se quedó también Jesús Gil".

La acusación también les atribuye una serie de operaciones fraudulentas para conseguir la conversión del club en sociedad anónima y conseguir que se le exonerase de pagar a Hacienda más de 2.392 millones de pesetas y a la Seguridad Social más de 144 millones, así como haber recibido 1.351 millones para la remodelación del estadio, sin tener derecho a ello puesto que el club no tendría que haber estado en Primera División.El fiscal atribuye a Gil haber saldado una deuda de 2.700 millones que tenía con el club -siempre según la acusación- compensándola con los derechos ficticios sobre cuatro jugadores, sólo uno de los cuales, el nigeriano Abbas Muyiwa Lawal era jugador de fútbol profesional, pero "de un valor extraordinariamente inferior a los mil millones que por él hicieron pagar los Gil al Atlético de Madrid". Otro de ellos, Limamou Mbnegue, no tiene trabajo ni actividad conocida y un tercero, Matias Djanadia, es un demandante de asilo político que ha residido en la Casa de Refugiados e Inmigrantes de los Padres Mercedarios y carece de trabajo. El último es un juvenil, Maximiliano de Oliveira Texeira, por el que, según el fiscal, el Atlético pagó más de 1.100 millones y cuyos hipotéticos derechos federativos ya le pertenecían desde la temporada anterior.