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Urbanismo de Sevilla aprueba la Inspección Técnica de Edificios, pese a las dudas legales del PP e IU

El consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla aprobó ayer la ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones por la que los propietarios se verán obligados a revisar el estado de sus inmuebles. La negativa al cumplimiento de esta ordenanza será sancionada con 300.000 pesetas. Si el estado del edificio es ruinoso y el propietario se desentiende se está estudiando la posibilidad de la expropiación. La oposición, PP e IU, se abstuvo en la votación aduciendo que la normativa "carece de cobertura legal" y "desvía la responsabilidad de la Gerencia a los particulares".

El delegado de Urbanismo, el andalucista Rafael Carmona, explicó que la medida "es una más para resolver el problema del deterioro del caserío antiguo en Sevilla". Todavía tiene que ser aprobada por el pleno del Ayuntamiento para que sea efectiva, aunque no se especificó la fecha en que entraría en vigor.Esta ordenanza obliga a los propietarios de inmuebles a contratar los servicios de un especialista -según Carmona se esta negociando con los colegios profesionales para establecer tarifas "asequibles"- para que certifique el estado del edificio y dictamine si necesita obras de rehabilitación. Según la antigüedad del edificio se establece un periodo para presentar el certificado en la Gerencia, cuyos técnicos cotejarán los datos.

En caso de que los propietarios no cumplan los plazos -que van de dos años para los inmuebles que hayan cumplido 100 años hasta los 15 para los que no hayan sobrepasado los diez años- para presentar los certificados serán multados con 300.000 pesetas.

En caso de que sean necesarias obras de rehabilitación, Carmona explicó que en la Gerencia se está estudiando medidas para parar la "picaresca" de los propietarios: "Tenemos la posibilidad de cobrar por adelantado las obras que subsidiariamente tenga que acometer la Gerencia, el embargo o incluso la expropiación si encontramos un soporte legal". El delegado de Urbanismo insistió en que la obligación de conservar es principalmente del propietario.

Tanto el PP como IU se abstuvieron en la votación de este punto. El concejal popular, Jaime Raynaud, criticó la medida ya que "carece de cobertura legal" ya que surge sin una ley de rango superior. El portavoz de IU, Luis Pizarro, descalificó la medida ya que "no evitará la especulación" y "llevará a que la labor de inspección, obligación de la Gerencia, sea responsabilidad del particular y de los arquitectos".

Carmona respondió a esta críticas diciendo: "Si tuviésemos que esperar a las decisiones del Gobierno para llevar una ley que no es competencia nuestra, no solucionaríamos ningún problema. No vale que se critique la situación de los edificios de la ciudad y a la vez se diga que hay que esperar a una normativa autonómica para poder actuar".

El delegado de Urbanismo señaló que se hará una campaña de difusión entre los ciudadanos y que en caso de que sea necesaria la rehabilitación se ofrecerán ayudas y subvenciones. También informó que se hará un esfuerzo económico ya que en la delegación se contratarán 33 personas -el 10% de la plantilla de la Gerencia- para "atajar el problema".

Por otro lado, la delegada de Obra Públicas, Isabel Guerra, anunció la puesta en marcha de las obras del carril-bici de 800 metros en la Avenida de La Palmera con un coste de 100 millones de pesetas. Desde Izquierda Unida se había criticado el presupuesto ya que se destina la mayor parte de ese dinero al lavado de cara de la Avenida, mientras que para el carril-bici tan sólo se destinan 15 millones. Guerra justificó el gasto por medidas de seguridad y pavimentación.

El consejo también aprobó la expropiación de terrenos (45.000 metros cuadrados) propiedad en un 90% del Gobierno central por incumplir su deber de urbanizar, donde se prevé edificar 300 viviendas, y la estructura orgánica para el proceso de revisión del Plan de Ordenación Urbana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de diciembre de 1999

Más información

  • Los propietarios que se nieguen a cumplir esta normativa serán multados con 300.000 pesetas