La Junta cree "bloqueada" la cesión de las políticas activas de empleo

La transferencia a Andalucía de las políticas activas de empleo, prometida hace dos años por el anterior ministro de Trabajo, Javier Arenas, sigue bloqueada. Aunque el actual titular del Ministerio, Manuel Pimentel, aseguró ayer que "sólo quedan pequeñas cuestiones", el consejero andaluz de Trabajo, Guillermo Gutiérrez, se mostró pesimista. "Está bloqueada , no creo que haya acuerdo en un breve plazo de tiempo", afirmó el consejero a la salida de la décima Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, que reunió en Sevilla al ministro y a representantes de todas las autonomías.

Pimentel tuvo que escuchar, una vez más, a través de los medios de comunicación, la reclamación de Gutiérrez, sobre la transferencia a Andalucía de las políticas activas de empleo (formación profesional ocupacional, escuelas-taller, ayudas a autónomos o centros laborales para minusválidos) . "Es la única comunidad histórica [regida por el artículo 151 de la Constitución] que aún no las tiene", recordó Gutiérrez. El ministro de Trabajo se comprometió a buscar una solución antes de las próximas elecciones generales: "En ningún caso se debe llegar a primavera sin acuerdo". Pimentel cree que eso es posible, al quedar aparcada la reclamación de la Junta de Andalucía sobre la gestión de los 20.000 millones del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (Aepsa), asignados a los trabajadores eventuales agrarios de la región. "Ya sabemos que el Gobierno no quiere transferirnos los fondos del Aepsa", admitió Gutiérrez, quien auguró que otras comunidades, "como Asturias, Cantabria o Extremadura" conseguirán la transferencia antes que Andalucía.

El consejero extremeño de Trabajo, Victorino Mayoral, confirmó que el acuerdo en esta comunidad "puede lograrse en 15 días". "Con Andalucía, una vez apartado uno de los temas de fondo [por el Aepsa] ya sólo resta por cerrar pequeñas cuestiones referentes a funcionarios y partidas económicas", indicó el ministro de Trabajo. Para Gutiérrez, sin embargo, las diferencias entre la propuesta de cesión del Ministerio y la reclamación de la Junta, son aún muy importantes: "Estamos hablando de 500 funcionarios y 600 millones al año".

Gutiérrez, Mayoral y los representantes de las otras comunidades gobernadas por el PSOE (Asturias, Baleares y Castilla-La Mancha) también criticaron la manera en la que el Ministerio y el resto de comunidades acordaron la distribución regional de los 321.000 millones (más de 86.000 para Andalucía) con los que estarán dotados las políticas activas de empleo en el 2000.

"Con este reparto Andalucía pierde 5.900 millones", aseguró Gutiérrez, que defiende que la distribución de estos fondos para formación tenga en cuenta tanto a los parados registrados como a otros colectivos (eventuales agrarios, primer empleo, amas de casa) que ahora sólo pesan un 8% en los criterios de asignación.