Un acto terrorista añade tensión a la provincia argentina escenario de violencia
La explosión de una carta bomba destrozó la mano izquierda de un diputado nacional de la provincia argentina de Corrientes un día después de que se registraran episodios de violencia y enfrentamientos armados entre habitantes de barrios marginales y fuerzas de seguridad, con dos muertos y medio centenar de heridos. Esa acción terrorista, la primera que afronta el presidente argentino, Fernando de la Rúa, quebró el sábado la tensa calma que se vivía en Corrientes, 1.000 kilómetros al norte de Buenos Aires, tras la represión de las protestas de los trabajadores provinciales por el pago de salarios atrasados.
El diputado nacional José Martínez Llanos, dirigente del Partido Justicialista (peronista), el mismo al que pertenece el ex presidente Carlos Menem, fue la víctima de la carta bomba y anoche evolucionaba favorablemente tras ser operado de urgencia. Fuentes oficiales informaron de que el legislador recibió un sobre de gran tamaño en su casa, que estalló cuando intentó abrirlo y le originó heridas de consideración en la mano izquierda. El parlamentario es el jefe político de una de las líneas internas del peronismo que el 2 de julio último forzó el reemplazo de las autoridades de Corrientes, episodio que se considera el origen del desgobierno en esa provincia y de las protestas que generaron el estallido de violencia.
Hugo Perié, ex gobernador interino de la provincia y de la misma línea política que Martínez Llanos, responsabilizó del atentado terrorista a militantes del Partido Nuevo, que dirige Raúl Tato Romero Feris, y que controlaba hasta julio pasado la gobernación provincial. La crisis en esa provincia comenzó a principios de la semana pasada, cuando trabajadores del Estado provincial ocuparon el puente General Belgrano, que une sobre el río Paraná las ciudades de Corrientes y de Resistencia, en una carretera clave para el tráfico de mercancías del Mercado Común del Sur (MercoSur). La protesta fue creciendo y llegó al extremo de enfrentamientos armados cuando fuerzas de la Gendarmería Nacional (la policía de fronteras) ocuparon la ciudad de Corrientes y desalojaron el viernes por la tarde con balas de goma y gases lacrimógenos a los ocupantes.
La represión policial encendió la mecha de la violencia y las calles de Corrientes se convirtieron en un campo de batalla, en el que murieron dos hombres, de 18 y 25 años, y medio centenar resultaron heridos. De la Rúa dispuso de inmediato la intervención de la provincia, mientras su ministro del Interior, Federico Storani, denunció la participación de "provocadores" y atribuyó la muerte de ambos jóvenes a los disparos de personas apostadas en las azoteas de los edificios.
Sin embargo, empleados provinciales y habitantes de barrios marginales llevaron a cabo el sábado por la tarde una multitudinaria marcha por las calles de la ciudad de Corrientes y acusaron de esas dos muertes, al grito de "asesinos, asesinos", a las fuerzas policiales. La crisis refleja la herencia que ha recibido el Gobierno de De la Rúa, pues muchas provincias tienen sus economías al borde de la quiebra y deudas de varios centenares de millones de dólares por desórdenes en el manejo de las cuentas públicas.
