La OCDE protestará ante España por haber revelado un informe sin autorización previa

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene previsto enviar una queja formal a la Embajada española ante este organismo por haber adelantado los datos del informe sobre su economía sin la debida comunicación y autorización previa. Este informe destaca el vigoroso crecimiento de la economía española e insiste en que el Ejecutivo debe acometer más reformas estructurales. En concreto, aconseja reducir el sistema de protección social, abaratar el despido, reducir el déficit o implantar la libertad de horarios comerciales.

La OCDE, según fuentes del organismo, pedirá en la carta al embajador español José Luis Feito que se comunique al Gobierno que no aprueba el procedimiento y la forma de actuar del Ejecutivo que preside José María Aznar. Los datos sobre la economía española fueron adelantados por el secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, lo que obligó a que la OCDE tuviera que difundir la información, cuando tenía previsto hacerlo el próximo 3 de febrero.Un país, según han confirmado las fuentes consultadas, puede adelantar los datos sobre la fecha inicialmente prevista, siempre que se comunique a la OCDE y este organismo lo apruebe. Normalmente, la organización no suele poner inconvenientes a que se adelante, aunque es necesario que el informe esté traducido al inglés y al francés, circunstancia que en el caso español no se había producido todavía en su totalidad.

El malestar radica principalmente en que se difundiera sin haber hecho ni una mínima consulta. Fuentes del Ministerio de Economía aseguran, sin embargo, que la fecha del 3 de febrero es meramente indicativa y no supone una obligación formal. También sostienen que han obrado de buena fe, "como ha ocurrido en otras ocasiones", y sin ninguna intención escondida.

La difusión de los datos del informe coincidió con los de la inflación del mes de noviembre, que supusieron un varapalo para los objetivos del Gobierno, al dispararse el índice de precios al consumo (IPC) interanual al 2,7%.

El informe específico de España se debatió en el seno de la OCDE el pasado 25 de noviembre. La exposición española fue defendida por el director general de Política Económica, Luis de Guindos, quien destacó el esfuerzo fiscal y presupuestario español en la contención del déficit y la mejora del empleo, entre otras cosas.

En la reunión quedó plasmada, no obstante, la preocupación por la inflación española, lo que llevó a que alguna de las delegaciones sugiriera la posibilidad de que España elevara algunos impuestos para frenar el tirón del consumo, según fuentes asistentes. No obstante, no se consideró necesario que se hiciera. Tras esa reunión, los técnicos ministeriales se encargaron de redactar el informe definitivo, que, una vez preparado, se envía a traducir. El informe destaca la buena situación de la economía española, que mantiene "un ritmo de crecimiento vigoroso".

El organismo internacional, sin embargo, vuelve a sacar la vieja lista de recomendaciones sobre las reformas que debe emprender con urgencia la economía española.

Una de ellas es la de las pensiones. La OCDE argumenta que el modelo público corre el riesgo de agotarse y, por tanto, recomienda el desarrollo del sistema de capitalización de las pensiones; es decir, con presencia de capital privado.

La reforma del mercado laboral es otro viejo caballo de batalla de la OCDE. En su opinión, el Gobierno español debe impulsar cambios dirigidos a facilitar y abaratar el despido y propiciar la movilidad geográfica. Esta última medida debería ir acompañada con el desarrollo del mercado de pisos en alquiler.

La organización económica internacional también llama la atención respecto al déficit público, y reclama que se mejoren y aclaren las relaciones financieras entre las empresas públicas locales y las administraciones autónomas.

La OCDE también considera necesario que se imponga la libertad de horarios comerciales y sugiere la entrada de capital privado en el sector de las cajas de ahorro.