El PP aprueba la ley de acompañamiento, que "da licencia para despilfarrar", según la oposición

El debate del proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para el año 2000 entró ayer en la recta final con su llegada al pleno de las Cortes. Unos y otros mantuvieron sus posturas: el PP a favor y la oposición, en contra. Por la mañana fue aprobada la llamada ley de acompañamiento -que según los socialistas "da licencia para despilfarrar"- y por la tarde, el articulado del proyecto de ley. El debate continuará el próximo lunes en el pleno de la Cámara. Por la tarde le llegó el turno al proyecto de ley, cuyo articulado, según el PSPV, viola la autonomía universitaria.

Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, más conocida como ley de acompañamiento, fue aprobada después de que el PP aceptara cuatro enmiendas del Grupo Socialista-Progresista y dos de Esquerra Unida. Otras 95 enmiendas fueron rechazadas. El texto, que sólo recibió el apoyo del PP, supone la modificación de nueve leyes, entre ellas la de tasas, la del tramo autonómico del IRPF y tributos cedidos, la de Hacienda Pública, la de creación de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y la del Juego. La oposición criticó de nuevo que el Consell haya vuelto a utilizar la ley de acompañamiento para modificar leyes sin apenas debate, lo que causa "inseguridad jurídica".Estos cambios legales aprobados introducen, entre otras cuestiones, nuevos beneficios fiscales para las amas de casa y las personas con minusvalías y permiten aumentar el endeudamiento de RTVV, además de ampliar el plazo de prescripción de las infracciones en materia de juego y de prorrogar en un año la presentación del Catálogo de Zonas Húmedas. Las enmiendas presentadas por los dos grupos de la oposición pretendían precisamente evitar estas cuestiones, porque con ellas el PP trata de "legalizar el descontrol". Entre otras cosas, estas medidas introducidas constituyen una "vía de escape" al límite de incremento de la deuda.

Ayer, uno de los puntos más polémicos fue el relativo a la autorización que se concede a RTVV para endeudarse. El socialista Andrés Perelló afirmó que con ello el PP "otorga licencia para despilfarrar" al ente televisivo, cuyos dirigentes, aseguró, "con desparpajo y mano de papel charol, dilapidan el dinero de los valencianos sin poderse controlar. El PP quiere cargarse RTVV". Perelló afirmó que el fondo social del ente público pasará de 20.000 millones de pesetas en 1999 a 32.000 en el 2000, mediante "una ampliación de capital de 12.000 millones que no se encuentra documentada por ninguna parte".

En parecidos términos se expresó el diputado de EU Joan Antoni Oltra, quien dijo que la autorización de operaciones de endeudamiento constituye "un medio para facilitar la degradación de RTVV y su privatización".

El portavoz popular, Ricardo Costa, calificó de "barbaridad" esta última afirmación y acusó al PSPV de "oponerse a que RTVV tenga un instrumento financiero que permita la mejora de la calidad y de las condiciones laborales. El PSPV se opone a dotar de más medios a una televisión más neutral, más plural y menos politizada, porque apuestan por una televisión política, porque para ustedes la televisión es un medio de adoctrinamiento".

Y es que el asunto de la deuda planeó toda la mañana -por la tarde volvería a aparecer- sobre el hemiciclo. Según la socialista Cristina Moreno, la modificación de la Ley de Hacienda habilita al Consell para "arriesgar los fondos públicos de los valencianos todavía más de lo que se está haciendo". Oltra opinó en este apartado que los populares son "catedráticos en la centrifugación de la deuda pública". Y Costa se defendió con un contraataque: según dijo, las enmiendas de los socialistas podrían provocar "un auténtico roto" a la hacienda valenciana.

Ya por la tarde, los diputados debatieron el articulado del proyecto de ley de Presupuestos, que fue aprobado por el PP en solitario. Según los sociaslistas, el texto vulnera la autonomía universitaria al obligar a las universidades a someter sus proyectos de presupuesto al control del Consell antes de que los vea el consejo social.