Banyoles busca que Fomento asuma responsabilidades en el naufragio de "L"Oca"

La Federación de Municipios de Cataluña, a instancias del Ayuntamiento de Banyoles (Pla de l"Estany), ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Estado para forzar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se pronuncie sobre la jurisdicción de las aguas interiores. Banyoles siempre ha defendido que la Administración municipal no puede ser la única imputada por el siniestro que costó la vida a 21 jubilados franceses.

Hasta la fecha, tanto la juez que lleva el caso, Montserrat Bastit, como la Audiencia de Girona han exculpado de cualquier responsabilidad a la Administración central.El concejal de Medio Ambiente del anterior consistorio, Josep Alsina, es el único representante de la Administración a quien por el momento se le atribuye algún grado de responsabilidad en el siniestro. La Federación de Municipios, integrado por ayuntamientos de signo progresista, alega que la propiedad municipal de las aguas interiores, como es el caso del lago de Banyoles, no implica necesariamente que las tareas de policía administrativa recaigan sobre los consistorios.

El naufragio destapó que ninguna embarcación de la zona cumplía los requisitos para operar en el lago e hizo evidente una grave laguna administrativa en el control de la navegación. Desde entonces, ha sido la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, la que ha matriculado e inspeccionado las barcas turísticas. Por otro lado, ayer se llevaron a cabo en el juzgado número 7 de Girona dos careos para aclarar la autoría de los agujeros de ventilación que actuaron como vía de entrada de agua. Miguel Bernal, operario de Polimar 2000, el astillero que construyó la nave, reafirmó su versión inicial, según la cual fue el propietario de barca, Simó Rodríguez, quien le ordenó practicar los agujeros en la popa de la embarcación. El propietario negó esta circunstancia.

Su defensa intenta demostrar que se trató sólo de una decisión técnica. La segunda diligencia encaró a Bernal con Antonio Moreno, otro operario de los astilleros, a quien el primero acusa de ayudarle en la tarea de agujerear la popa. Moreno se desvincula totalmente de estos trabajos, realizados cuando el catamarán ya había sido botado en el lago.