Los jueces elevan su pulso con el Ejecutivo y exigen al Consejo una reunión al máximo nivel
La guerra abierta que jueces y fiscales mantienen con el Gobierno al negarse éste a concederles una subida salarial superior al 2% previsto en los Presupuestos del Estado tendrá hoy, previsiblemente, las primeras consecuencias. El Consejo General del Poder Judicial tiene previsto abordar en su sesión plenaria la petición de las cuatro asociaciones judiciales para que se convoque con carácter extraordinario a la cúpula judicial ante "los graves asuntos" que afectan a la Administración de Justicia. Los firmantes de este documento quieren que sea el propio Consejo el que convoque este encuentro. El debate pondrá sobre la mesa el malestar del Poder Judicial con la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.
El documento de las asociaciones judiciales plantea la conveniencia de que el Consejo General del Poder Judicial convoque a una reunión extraordinaria "a cuantos miembros de la carrera judicial ostentan cargos de gobierno en la misma". Entre éstos cita específicamente a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, los presidentes de las Audiencias Provinciales y los jueces decanos de capitales de provincia y grandes poblaciones. En total, serían alrededor de centenar y medio de cargos de gobierno, aproximadamente, y la reunión debería celebrarse "en la fecha más inmediata posible", a señalar por el Consejo, y en la sede de este organismo. El motivo de la reunión, según sus proponentes, sería informar a la carrera judicial, a través de los representantes de las asociaciones judiciales, "de los graves asuntos de interés general que afectan a la Administración de Justicia", después de que la ministra Margarita Mariscal y el Gobierno se negasen rotundamente a atender las reivindicaciones de los jueces y fiscales.
Entre los graves asuntos que invoca el escrito están los relativos a las retribuciones salariales de los jueces y fiscales y la posible desertización de la carrera "puesta de manifiesto por el Excmo. Sr. Presidente del Consejo del Consejo del Poder Judicial en el discurso de apertura del año Judicial", así como "cualquier otro que ese Consejo estime de interés en el marco del desarrollo de la reforma global de la Administración de Justicia diseñada en el Libro Blanco aprobado por el Consejo".
El debate de esta petición puede suscitar de nuevo la discusión sobre la falta de respuesta de la ministra Mariscal a las reivindicaciones judiciales, cuestión que quedó aplazada en el pleno del CGPJ celebrado en Valencia el 1 de diciembre.
En aquel pleno, el presidente del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, tras haber reflexionado sobre el asunto, descartó presentar su dimisión y advirtió de que no admitiría renuncias. Previamente, el vicepresidente, Luis López Guerra, había propuesto una reacción institucional ante el rechazo del Ejecutivo que preside José María Aznar, y en particular de la ministra Mariscal de Gante, a atender las demandas de los jueces. Tras la intervención de Delgado Barrio, algunos vocales sugirieron la posibilidad de dimitir a título individual o de presentar en bloque sus renuncias. Delgado zanjó la cuestión advirtiéndoles de que no aceptaría ninguna baja, si bien ello no implicaba en absoluto renunciar al pulso con el Ejecutivo.
Desde entonces, el malestar de las asociaciones, particularmente con la ministra Mariscal de Gante, a quien responsabilizan de toda la situación, no sólo no se ha diluido, sino que ha aumentado. Así, el documento elevado al CGPJ por las asociaciones va firmado por el presidente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Santiago Martínez-Vares, en nombre de ésta y de Jueces para la Democracia, de Francisco de Vitoria y de Unión Judicial Independiente. El escrito fue presentado el 3 de diciembre y su estudio en el pleno de hoy figura en el orden del día a propuesta de la Comisión Permanente del organismo.
Coincidiendo con este escrito, ayer se presentaba en Madrid el Foro por una Administración de Justicia al servicio de los ciudadanos. En el acto, celebrado en el Círculo de Bellas Artes, intervinieron dirigentes sindicales y de las asociaciones de juristas progresistas, así como de asociaciones de vecinos y de consumidores.
El Foro por la Justicia critica la ley Procesal Civil y a la ministra Mariscal de Gante y propone un pacto de Estado que se inicie con una Carta de Derechos Ciudadanos ante la Justicia y que asegure a los ciudadanos una justicia rápida, de calidad, inteligible y que desplace cualquier tipo de desigualdad de trato durante el proceso.
