El Tribunal Europeo ha comenzado ya a deliberar sobre los incentivos fiscales vascos

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas está ya deliberando sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación a las denominadas minivacaciones fiscales de las Diputaciones vascas de 1993. El TSJPV presentó una consulta (cuestión prejudicial) sobre estas normas forales para que el Tribunal Europeo estableciera si las mismas vulneraban tanto las normas de competencia previstas en los tratados y si podían ser consideradas ayudas de Estado.El presidente del Tribunal, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, en una entrevista en el diario económico Cinco Días, señala que no puede hacer previsiones sobre el sentido que tomará la decisión judicial, pero anunció que este caso será "el primero" de los que afecta a España "en el que se dicte una resolución, porque ya se está deliberando". Gil Carlos Rodríguez reconoce que en este caso se "han planteado problemas jurídicos importantes", ya que se trata de un tema conflictivo", muy discutido entre los diferentes juristas.

A su juicio "es posible que la sentencia se haga pública en el primer trimestre del 2000". Al tiempo que los trabajos de Luxemburgo avanzan, de forma paralela se están desarrollando contactos entre las Administraciones vasca y central para lograr un acuerdo en relación a los recursos judiciales contra las normas fiscales vascas. Entre los recursos que se quieren retirar se encuentran los relativos a las tres normas de 1993 que recogen las minivacaciones fiscales. La retirada de los recursos llevaría automáticamente a que el Tribunal europeo con sede en Luxemburgo no tuviera que opinar sobre el tema, al desaparecer la causa que provoca la cuestión prejudicial..

El Tribunal de Luxemburgo tiene pendiente dictar sentencia sobre este asunto después de que el abogado general del Tribunal, Antonio Saggio, presentara unas conclusiones en la vista muy desfavorables a las tesis de las administraciones españolas y cercanas al criterio de la Comisión Europea. Curiosamente la Admnistración del Estado y las diputaciones forales, litigantes ante el TSJPV, mantuvieron el mismo criterio en la vista en Luxemburgo.