El pacto salarial deja fuera 80.000 funcionarios, según sindicatos y partidos

El acuerdo parcial de retribución salarial de los empleados de la Administración -firmado a última hora del jueves entre la Consejería de Administración Pública, CC OO y CSIF- provocó ayer un aluvión de críticas por parte de los sindicatos no firmantes, UGT y STEPV, y de la oposición del PSPV y de Esquerra Unida porque "cierra" la puerta a la convocatoria de una mesa general de Oferta de Empleo Público y, por tanto, deja en el aire las retribuciones salariales de los 40.000 docentes, 38.000 funcionarios de sanidad y 3.400 de justicia. "La farsa que es este pacto justifica aún más la manifestación del 14-D", afirmó Vicent Mauri, del STEPV.Mauri aseguró que ha creado confusión y malestar entre los funcionarios de estas tres áreas porque sólo resuelve la subida salarial de los 16.000 empleados adscritos a las consejerías de la Administración autonómica y, en la práctica, se trata de un aumento real del 0,7%, que no permite la recuperación del poder adquisitivo. El malestar entre medio centenar de empleados de la Consejería de Educación, que ayer siguieron con la segunda jornada de paros parciales de media hora, era palpable. "Es una burla", comentaron al únisono. "Gracias a la comparsa de CC OO y CSIF, el acuerdo parcial le da al Gobierno Valenciano la coartada perfecta para no convocar la mesa general de Oferta de Empleo Público y rompe la unidad sindical que pretendía presionar al Consell a que diera una solución planificada y global para todos los funcionarios, y todo por una cantidad exigüa.

Sentencias incumplidas

En la misma dirección, Gonzalo Castillo, de FETE-UGT, aseveró que "el acuerdo es un balón de oxígeno para el Gobierno", pero "se ha perdido la oportunidad de negociar todas las reivindicaciones". Castillo aseguró que el acuerdo busca además "la no ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado noviembre, que dispuso que el director general de Función Publica debía convocar el proceso para la provisión de puestos de trabajo para personal de la Generalitat".

PSOE y EU recordaron ayer que el acuerdo no incluye la partida necesaria para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que obliga a constituir un fondo de ayuda social. La sentencia del TSJ condenaba a la Generalitat a constituir el fondo de ayuda social para funcionarios que llevaba paralizado desde hace seis años, por un importe aproximado de 6.000 millones de pesetas. La portavoz de Justicia y Administraciones Públicas del grupo socialista, Josefa Andrés, acusó al Gobierno Valenciano de "incumplir" la citada sentencia, que obligaba a pagar a los funcionarios la pérdida de poder adquisitivo.

El diputado de Esquerra Unida (EU) Ramón Cardona indicó que el fondo adicional de ochocientos millones de pesetas incluido en el acuerdo no llega "al mínimo" de lo que los sindicatos solicitaban y de lo que la sentencia del TSJ obligaba.