La cúpula popular en Ibiza y Formentera deja el partido tras denunciar un 'pucherazo' del PP el 13-J

El presidente del Partido Popular (PP) en Ibiza y Formentera, Cándido Valladolid, y el secretario general, Manuel Alonso Fernández Revuelta, se dieron ayer de baja formalmente en el partido junto con 70 militantes, la mitad de los afiliados. Ambos alegan su desacuerdo con la dirección regional, especialmente por la inscripción en el censo de Formentera de 74 inmigrantes en los comicios del 13-J, un hecho sobre el que ha abierto diligencias el juzgado de Ibiza a instancias del fiscal Antonio Torres. Valladolid y Fernández Revuelta han tachado el pucherazo, que también es investigado por el Parlamento balear, de "maniobra electoral impresentable, engañosa y éticamente vergonzosa" auspiciada, sospechan, por el propio PP

A media tarde de ayer, Cándido Valladolid y Manuel Alonso Fernández Revuelta hicieron oficial su marcha del partido. Según comentaron a EL PAÍS, la decisión, largamente meditada, obedece a "las imposiciones del PP en Baleares", cuyo responsable es Jaume Matas, anterior presidente del Gobierno autónomo. Tales imposiciones, opinan ambos, "han perjudicado gravemente al partido" que experimentó el pasado 13 de junio, en los comicios municipales y autonómicos, un fuerte retroceso electoral en Ibiza y Formentera.El PP perdió entonces el diputado autonómico que se elige en Formentera y que, tanto en las elecciones de 1995 como en las celebradas el pasado 13 de junio, resulta decisivo para dirimir el color político del Govern y de los poderosos Consells Insulares. En 1995 correspondió al PP y resultó elegido Joan Robert Masdeu sólo por 14 votos de diferencia sobre el candidato socialista. Los últimos comicios han sido ganados por la Coordinadora de Organizaciones Progresistas (COP), coalición electoral integrada por el PSOE, Izquierda Unida y Els Verds, por casi 400 votos. Muchos de esos sufragios, opinan los dirigentes del PP que ayer abandonaron sus filas, corresponden a la "reacción en contra" de los electores al "enterarse de la impresentable maniobra electoral" entre los votantes de Argentina. "Ha sido un bumerán que se lanzó para ganar las elecciones y nos las ha hecho perder. Lo advertimos a tiempo. Nadie nos hizo caso", dice Cándido Valladolid.

Su compañero, el secretario general del PP en Ibiza y Formentera, recuerda muy bien cierta tarde de finales de febrero, cuando un militante de su partido se presentó "alarmado y abochornado" en su consulta de pediatría en Ibiza. "Me traía una fotocopia del censo electoral, que acababa de cerrarse". Dicho censo incluía a 74 nuevos votantes, descendientes de argentinos, y domiciliados casi todos ellos en la localidad de Santa Fe, en Argentina. Unos pocos viven en Santó Tomé, también en la provincia de Santa Fe.

"Nos quedamos asombrados", cuenta Rodríguez Revuelta. "Ahí había algo que no era normal". La alarma de los dirigentes populares se activó al conocer la procedencia de la fotocopia. Ésta se obtuvo en el despacho del candidato del PP a la alcaldía de Formentera, Joan Robert Masdeu, que en esta ocasión se presentaba a la reelección bajo las siglas GIF (Grupo Independiente de Formentera). "¿Por qué tenía esta lista de nuevos votantes en su despacho?", se preguntaron Revuelta y el militante del PP que se hizo con la lista.

"Comuniqué mis sospechas al resto del partido en las Pitiusas", recuerda el secretario general. "Pregunté: ¿esto es legal o ilegal? Me contestaron: "Tranquilo, Manolo, es perfectamente legal". Pero políticamente es impresentable", dice que replicó.

Sus interlocutores, miembros todos del PP, le recomendaron calma: "Tú no te preocupes por eso, hombre". "¿Y si se enteran los de la oposición y lo denuncian? Puede estallarnos en la cara y hacernos mucho daño", replicó. "Que no, hombre". Así, concluye, se zanjó la disputa.

Se enteraron. Especialmente quien también necesitaba del escaso margen de votos con que se dirime el escaño en la isla. Santiago Ferrer, el candidato del COP, lo denunció en el juzgado y ante los medios de comunicación. Fue un escándalo local que Ferrer supo aprovechar. "Un pucherazo tan torpe nos granjeó las simpatías de muchos electores, que vieron en esta maniobra un intento del PP de cambiar la voluntad popular", señala.

El periodista de la cadena SER y del Diario de Ibiza Carmelo Combalía llamó al azar a alguno de estos votantes santafesinos. Ninguno sabía nada de la isla. Esta información periodística llevó al fiscal Santiago Torres a actuar de oficio. A través del consulado español en Rosario se entrevistó con una veintena de los inscritos, elegidos igualmente al azar. Torres se encontró con que la mayoría de los testimonios ofrecían al menos dudas sobre si pueden haber sido inducidos al empadronamiento por los numerosos altos cargos de la Administración balear que viajaron a Santa Fe en vísperas electorales, ya que la mayoría no presentaba una vinculación directa con la isla. Unos alegaron que sus antepasados eran de Villalpando (Zamora); otros, que sus padres nacieron en L"Hospitalet (Barcelona); hubo quien situó Formentera en Santa Margalida (Mallorca) y quien, como José Vives Cifré, dijo: "La Casa Balear en Santa Fe arregló mi voto. Yo no tengo ni idea de donde está Formentera". La mayor parte comentaron que se empadronaron después de recibir la promesa del anterior Gobierno de que les facilitarían una residencia en Formentera para la jubilación. El fiscal remitió el caso al juzgado. El juez decidió el 2 de diciembre abrir diligencias. El día anterior, el Parlament balear había aprobado por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre el caso.

El voto del total de inmigrantes adscritos a Formentera -escrutado aparte- ofreció el pasado 13 de junio el siguiente resultado: 81 papeletas favorables para el candidato conservador y siete para el COP.