Interior quiere endurecer las sanciones a las empresas que traigan 'sin papeles'

El Ministerio del Interior quiere que las compañías de transporte que traigan a España a extranjeros sin la documentación en regla, incluido el correspondiente visado, se hagan cargo de su manutención y viaje de vuelta a su país de origen. Estas empresas se regirán por un régimen sancionador que prevé multas de entre 500.000 y 10 millones de pesetas, e incluso podrían ver suspendidas sus actividades e inmovilizados sus medios de transporte si se niegan a hacerse cargo del inmigrante sin papeles. El PP incluirá esta reforma como enmienda a la Ley de Extranjería, salvo que decida vetar la norma en el Senado.

El departamento que dirige Jaime Mayor Oreja quiere trasladar a las propias compañías de transporte la responsabilidad de comprobar que los viajeros que traen a España disponen de toda la documentación en regla. Dichas empresas deberán hacerse cargo de la manutención y del viaje de vuelta de los viajeros sin papeles que sean rechazados en la frontera española. Además, las empresas que incurran en estas irregularidades podrán ser sancionadas con multas que van desde las 500.000 hasta los 10 millones de pesetas en casos de reincidencia.Así figura en una normativa sobre obligaciones de las empresas de transporte que el Ministerio del Interior se propone incluir en la nueva Ley de Extranjería, ya aprobada en el Congreso pero pendiente aún de su paso por el Senado. Dichas obligaciones afectarían a las compañías, fundamentalmente navales y aéreas, que cubren trayectos internacionales y a las que unen la Península con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Suspensión

En los supuestos en que dichas empresas se nieguen a hacerse cargo de los extranjeros sin documentación, el Ministerio del Interior, según dicho proyecto, podría decretar la suspensión de sus actividades e incluso las inmovilización del medio de transporte de que se trate.

Fuentes del departamento que dirige Jaime Mayor Oreja alegan que con esta normativa se trata de cubrir un vacío legal, pues la normativa vigente en este sentido es dispersa y poco concreta.

En estos momento, la obligación de las empresas de transporte de hacerse cargo del extranjero que sea rechazado en la frontera y devolverlo al país de origen figura en el reglamento sobre extranjería, mientras que la ley alude genéricamente a la posibilidad de sancionar con hasta dos millones de pesetas las infracciones al "régimen de entrada, situaciones y salida" de extranjeros.

El Partido Popular presentó en su día una proposición de ley en el Congreso para endurecer las sanciones a las empresas de transporte, pero no ha sido tramitada.