La Comunidad cambiará la ley para luchar contra las residencias "piratas"

Francisco Panadero, secretario general técnico de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, reconoce que la ley que regula las residencias de la tercera edad se ha quedado anticuada. "Nuestro objetivo es delimitar más las responsabilidades y obtener mayor transparencia en la gestión".Según Panadero, la modificación también contempla que la responsabilidad de los centros, y, en consecuencia, las posibles inhabilitaciones, recaigan en los directores, y no, como hasta ahora, en los responsables jurídicos.

Otro de los objetivos del borrador de la nueva ley es exigir mayor claridad en los precios que se pagan por los diferentes servicios. "En muchos casos, nos encontramos con que hasta las propias familias nos ocultan el precio que pagan por cama, y esta situación puede encubrir fraudes y deficiencia en los servicios", indica Panadero. El espíritu de la ley, que estará lista en junio, es dar más agilidad a cualquier intervención de la Administración.

La existencia de centros ilegales es admitida por la Administración, que sospecha que en Madrid puede haber entre 30 o 40 residencias encubiertas o clandestinas. "En estos casos actuamos de acuerdo a nuestras investigaciones, pero de nuevo aquí vuelve a ser fundamental la denuncia de los familiares y de los vecinos de la zona que sospechen que en un piso o en un chalé cercano a su vivienda pueden haberse instalado residencias fuera de la ley", explica Panadero.

La Federación Nacional de Residencias Privadas, que en repetidas ocasiones ha pedido que la ley se adecue a las necesidades del sector, no está de acuerdo con algunas de las modificaciones previstas por la consejería. "El principal problema está en que no existe ninguna legislación respecto a las residencias de menos de cinco camas", denuncia Juan Antonio Moya, presidente de la federación. "Bajo esta situación se encubre mucho fraude", añade.

Panadero, sin embargo, replica que es imposible que la ley baje sus mínimos a cinco camas. "¿Qué vamos a hacer? ¿Ir casa por casa mirando si los ancianos que viven en ella son parte de la familia propietaria? No es que estemos en contra de contemplar también esos casos, pero por el momento nos parece muy complicado".

La federación también denuncia que hay residencias encubiertas bajo el rótulo de clínicas. "Sospechamos que hay algunos casos", reconoce Panadero, "pero a veces es difícil establecer diferencias entre una clínica geriátrica y una residencia. Estamos atentos a estas incidencias, pero no es lo que más nos preocupa".

859 actas de inspección

Hasta el 30 de noviembre pasado, la Comunidad de Madrid ha levantado 859 actas de inspección realizadas por una veintena de funcionarios y están pendientes de resolución 61 casos. La actual ley contempla una visita anual a los centros y tantas como sean necesarias teniendo en cuenta las sospechas que tenga la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de que en una residencia se están cometiendo irregularidades. También se efectúan visitas de acuerdo con las denuncias. "La colaboración de las familias es fundamental", coinciden tanto la Administración como la Federación Nacional de Residencias Privadas.

Superar el exceso de capacidad permitida y la falta de personal cualificado para atender a los residentes son las causas más habituales por las que la consejería ha abierto expedientes. Desde 1990 se han cerrado 40 residencias por graves defectos en su gestión. Uno de los casos más recientes y más graves fue el de Virgen de la Oliva (Aravaca), cuya directora, María Cristina Carracedo, ingresó en prisión a finales del mes pasado bajo la acusación de apropiarse del dinero de los residentes y falsear su documentación. Antes de su clausura, el centro fue multado en seis ocasiones.

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, ha advertido de que "si hay residencias que están funcionando mal, que se apliquen el cuento, porque vamos a seguir actuando con la misma diligencia y firmeza". "No vamos a permitir que se esté jugando con el bienestar y el patrimonio de los mayores", añadió. La consejería pretende crear 12.000 plazas en los próximos cuatro años en residencias tanto de iniciativa pública como privada

La colaboración de los familiares para controlar la calidad de las residencias para la tercera edad es fundamental, según la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.El día en que Tele 5 emitió un capítulo de Médico de familia en el que Emilio Aragón y sus compañeros de reparto rescataban a unos ancianos maltratados en un residencia clandestina, se activaron todas las alarmas... pero en la vida real. Durante semanas, el nivel de inscripciones en los centros bajó notablemente.

Francisco Panadero señala que "ese capítulo, en que la ficción sobrepasó con mucho lo que pasa en la realidad, al menos sirvió para concienciar a las familias". Los inspectores recuerdan aún con estupor lo ocurrido tras el cierre de una residencia del barrio de Legazpi: "Cuando llamamos a una familia para pedirle que viniera a recoger a su madre, respondieron: "¿Podrían esperar 15 días? Es que hemos alquilado un apartamento en Benidorm y lo tenemos pagado".