CiU se desmarca del PP y dice que no apoyará sus enmiendas a la Ley de Extranjería

Convergència i Unió (CiU) se desmarcó ayer de las tesis que el PP mantiene sobre la Ley de Extranjería. Los nacionalistas catalanes anunciaron que no votarán a favor de las enmiendas que los conservadores van a introducir a la ley durante su tramitación en el Senado y que afectan, según Josep López de Lerma, portavoz del Grupo Catalán en el Congreso, a derechos fundamentales de las personas. Los nacionalistas vascos y catalanes no asistirán a la ponencia de la ley, convocada para el próximo miércoles, día de la Constitución, en el Senado. El PSOE estudia secundar la iniciativa.

López de Lerma mantuvo en la noche del pasado jueves una reunión en La Moncloa con el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, y con Luis de Grandes, portavoz del PP en el Congreso. El líder nacionalista les comunicó que después de dos semanas de negociaciones, CiU no apoyará las enmiendas populares a la ley, y que los planteamientos de los dos grupos son tan distantes que no vislumbra un acuerdo en el Senado, aunque se mostró dispuesto a continuar dialogando. Fuentes del PP indicaron que ese partido mantendrá abiertas las negociaciones hasta el martes, día en que finaliza el plazo para la presentación de enmiendas.La principal divergencia afecta a la extensión de algunos derechos a los inmigrantes que hayan entrado en España de forma irregular; por ejemplo, en materia de sanidad, educación, asistencia jurídica gratuita, libertad de asociación, sindicación o huelga y sobre el acceso a las ayudas para viviendas de carácter social. El PP quiere limitar estos derechos a los que hayan obtenido la residencia. Para CiU estos artículos son la garantía del mantenimiento de los derechos humanos e inherentes a las personas.

Otras discrepancias afectan a la emisión de visados, ya que el PP se mantiene férreo en que los consulados no deben justificar su denegación. Los populares tampoco están dispuestos a regularizar a los 65.000 inmigrantes sin papeles que existen en España, según la Administración. La legislación permite este supuesto si pueden demostrar que llevan viviendo en el país desde hace dos años. CiU se muestra favorable a ampliar el tiempo que se requiere de permanencia en España, por ejemplo tres o cuatro años, o a legalizar a aquellas personas que hayan obtenido alguna vez un permiso de residencia.

"No modificaremos ni una coma aquellos artículos que facilitan la integración social de los inmigrantes y la convivencia", declaró ayer Carles Campuzano, ponente de la ley por parte de CiU. López de Lerma, en declaraciones Catalunya Ràdio, comentó : "Ha habido reflexiones, cambios de opinión y puntos de vista desde hace semanas, pero no hemos llegado a acuerdos".

Los nacionalistas no quieren aparecer ante la opinión pública ni ante el resto de grupos políticos como los enmendantes de la ley. Por este motivo, no presentarán ninguna enmienda en su tramitación en el Senado.

CiU y PP tampoco han avanzado en los artículos de carácter administrativo. El Gobierno se mantiene inamovible en su voluntad de que la Administración tenga la máxima discrecionalidad en la toma de decisiones, mientras que los nacionalistas apuestan por una ley mucho más reglada que impida los abusos.