La segunda vuelta de la piqueta

El Pozo del Huevo, en Vallecas Villa, es uno de los poblados chabolistas más antiguos de la ciudad. En 1990 las instituciones intentaron desmantelar este núcleo levantado hace 40 años realojando a sus habitantes en las viviendas sociales del complejo conocido como el ruedo de la M-30, en Moratalaz. Pero 10 años después el núcleo está habitado por otras 142 familias a las que el Ayuntamiento de Madrid va a derribar la chabola. La mayoría ha llegado en los últimos años pero otros llevan más tiempo en la barriada, aunque quedaron fuera del programa de viviendas.Las órdenes de demolición, autorizadas por los jueces pero aún sin fecha de ejecución porque el consistorio no la ha decidido, han puesto en guardia a las cuatro asociaciones que trabajan en la barriada: Cáritas Apomar; las hermanas franciscanas de María, que viven en el asentamiento; el Movimiento Cuarto Mundo y el Movimiento católico gitano La Frontera. Todas ellas reclaman que se ofrezcan alternativas a 40 familias del asentamiento, muy necesitadas, que no tienen dónde cobijarse y a las que han ayudado a presentar un recurso judicial.

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, explica que el consistorio no ha dado la orden de derribar estas casetas porque exista un proyecto urbanístico para la zona, sino porque se trata de construcciones ilegales. "Pero el desalojo no va a ser inminente y antes de que entren las máquinas estudiaremos el caso de cada familia con el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) de la Comunidad", añade.

El viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Peral, de quien depende el IRIS, ratifica las palabras de Del Río. "El consistorio nos ha dicho que los derribos en el Pozo del Huevo no van a ser inmediatos", afirma.

Los habitantes del barrio casi no saben lo que está pasando y Susana Castro, voluntaria de Cuarto Mundo, una ONG presente desde hace seis años en el núcleo, explica que a ellos les han llegado noticias de que Gerencia de Urbanismo quiere iniciar las demoliciones en enero.

"Las entidades sociales que trabajamos en este barrio conocemos a las familias y sabemos que unas 40 viven con muchas estrecheces; y si les echan sólo podrán levantarse otro chamizo en otro lugar hasta que vuelvan a expulsarles. Hay también familias que tienen pisos y otros recursos y ésas no han recurrido a nosotros", asegura.

Román Corredera, de 49 años, su esposa Antonia Escudero, y sus tres hijos, uno de ellos discapacitado psíquico, son algunos de los que temen quedarse con el cielo arriba y la tierra abajo. "Nosotros, haciendo esfuerzos, podríamos pagar un alquiler de hasta 30 billetes al mes. Pero esos precios no se encuentran y, si nos echan abajo la chabola, no sé qué vamos a hacer", explica Corredera, que cada día, desde que amanece, recoje chatarra empujando una carretilla por todo Vallecas junto a su hijo disminuido.

"Con la chatarra hay días que sacas 2.000 pesetas y otras veces nada. Además de eso, los cinco vivimos de las 37.000 pesetas que recibe el chico por su incapacidad y de las 46.000 del IMI (el salario social para personas sin recursos) que nos han concedido", añade Corredera.

Llegaron al barrio hace nueve años "por una riña de contrarios entre gitanos". Antes vivían en uno de los módulos prefabricados del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) en la avenida de Guadalajara (San Blas), pero tuvieron que poner pies en polvorosa. "Nos marchamos de allí para evitar males mayores, pero puede que eso ponga difícil que nos concedan un piso social", reconoce. Las monjas del Pozo les ayudaron a levantar su actual chabola.

Su caseta, construida con tablas y lonas, está formada por una sola habitación dividida en dos por una cortina. En una de ellas está la chimenea, un sofá y una cocina. En la otra se apiñan tres camas. Todo está limpio, pero sin comodidad alguna y con humedades. No tiene retrete ni ducha, la luz la obtienen a través de enganches al tendido y el agua la consiguen mediante una manguera.

Las organizaciones sociales que apoyan a estos chabolistas, como Cáritas y Cuarto Mundo, quieren que las instituciones valoren las situaciones de extrema necesidad que han llevado a algunas personas a vender o abandonar la vivienda social en que vivían. "Sabemos que hay largas listas de espera para obtener un piso social y que hay quien abusa y vende la vivienda por picaresca, pero también hay casos extremos que no deben penalizarse de por vida".