1.000 hectáreas por 20.000 al mes

El empresario leonés Antonio Fernández Díez disfruta desde 1976 de una gran finca, a unos 50 kilómetros de la capital leonesa, con casa, ermita y otros edificios anejos, así como de un importante coto de caza de casi 1.000 hectáreas con especies cinegéticas únicas, por un arriendo de 250.000 pesetas al año a una fundación benéfico- asistencial, propietaria de los inmuebles y el terreno. La fundación gestiona un inmenso patrimonio para el sustento de una congregación de monjas que cuidan ancianos.

Al millonario leonés le ha sido entregada al menos una ayuda pública para esta finca. En 1995 obtuvo una subvención de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para la mejora del hábitat de estos terrenos por un importe de 546.000 pesetas.

La Fundación Octavio Álvarez Carballo, propietaria de la finca ocupada por Fernández, denominada La Mata del Moral (en los municipios de Mansilla de las Mulas y Valdepolo), cuenta con numerosas fincas rústicas y urbanas en la provincia de León, de un gran valor económico.

La presidencia de la Fundación la ostenta el obispo de León, el valenciano Antonio Vilaplana. El secretario administrador de la Fundación, Bernardino González Cuevas, rechazó tajantemente hablar con este diario.

Los latifundios no son comunes en esta provincia, al contrario de lo que ocurre en Extremadura o Andalucía. La segunda gran finca de la provincia de León, de una extensión similar a La Mata, era propiedad años atrás de otro militante del PP.

Se da la circunstancia de que la Fundación Álvarez Carballo tiene como fin primordial ayudar al asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de León, pero al parecer nadie exige beneficios y las cuentas son supervisadas, con carácter rutinario, por la Consejería de Sanidad del Gobierno Regional.

Este último departamento del Ejecutivo autónomo, a un mes de concluir el año, aún no ha dado el visto bueno a la memoria explicativa de 1999 de la Fundación y la delegación territorial de la Junta en León carece del pertinente documento en este sentido.

Además, la delegación de la Junta en León, competente en el control último de la Fundación carece de los obligados estatutos de esta, según se ha reconocido desde este área.

Parte de los fondos obtenidos al año por la Fundación deberían ir a parar íntegramente a la congregación de monjas, pero éstas no participan en ningún tipo de reunión ni decisión de la misma, según ha señalado a este periódico Sor Lucía. Los ingresos a las monjas dependen por tanto de la voluntad y decisión de las personas que conforman la Fundación, que el testamentario en 1951 fijó que fueran personas de reconocida "honestidad". La Fundación cerró el balance de 1998 con más de 1.000 millones de pesetas de activo.

Al principio del arriendo a Fernández Díez, las monjas se acercaban en contadas ocasiones a la iglesia de la finca, pero meses después desistieron en este empeño ante la presencia en el lugar de numerosas amigas del empresario.