La línea telefónica del fiscal anticorrupción está manipulada en tres puntos

Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe Anticorrupción, presentó ayer en el juzgado de guardia una denuncia por delito de interceptación ilícita de las comunicaciones a raíz del pinchazo del teléfono de su domicilio, en la calle de Apolonio Morales, de Madrid. Un equipo de los Servicios Especiales de la Policía inspeccionó el domicilio de Villarejo y no detectaron micrófonos ni sistemas de transmisión adaptados a la línea, aunque descubrieron manipulaciones en tres puntos de los hilos telefónicos. El Poder Judicial y las asociaciones de jueces y fiscales han calificado de "muy grave" el incidente.

Fuentes policiales aseguraron ayer que la semana pasada Jiménez Villarejo mostró su inquietud a su servicio de escolta ante la sospecha de que le tuvieran pinchado el teléfono de su casa.Un equipo del Servicio de Sistemas Especiales de la Policía realizó el pasado día 25 un barrido electrónico en el domicilio de fiscal y comprobó que no había micrófonos ni sistemas de transmisión instalados, pero descubrió manipulaciones en tres puntos de la línea. La primera se refiere a un registro distribuidor de líneas interiores donde el par se encontraba pelado en cada uno de los hilos. La segunda, en el registro distribuidor de abonados de planta, que se encuentra en un pasillo antes de acceder a la vivienda. Allí el par tenía una derivación en paralelo a un par de hilos telefónicos cortados de unos 20 centímetros con el cobre visto, es decir listo para instalar cualquier mecanismo de escucha.La tercera manipulación se registró en el garaje, en el cuadro distribuidor de plantas. El cable estaba pelado, dejando libre un punto de conexión para una derivación en paralelo de la línea.

Las conclusiones del informe policial señalan que aunque no se detectaron micrófonos ni sistemas de escucha, no puede descartarse que las escuchas se hubieran producido o se fueran a producir. La línea había sido vulnerada "para poder manipularla de modo fácil y rápido" con el fin de transferir conversaciones telefónicas por medio de derivaciones a otras líneas del inmueble o para adaptar a la línea sistemas de grabación o transmisión de la señal.

Los técnicos informaron a Villarejo de que para investigar los hechos, lo procedente era colocar una microcámara preferentemente en el descansillo, ya que en ese registro se encontraba la derivación con los cables de 20 centímetros, para ver si alguien accedía a los cables o los manipulaba.

Villarejo se mostró conforme en principio, pero más tarde reconsideró su postura por entender que la cámara podría violar la intimidad de los vecinos y de su propia familia. Acto seguido, Villarejo presentó la denuncia en el juzgado por interceptación ilícita de comunicaciones, pero no por allanamiento de morada o revelación de secretos, porque no tiene constancia de que se hayan producido.

El propio Villajero, que exige una investigación policial y judicial exhaustiva, manifestó a los periodistas que desconocía la identidad de los autores del pinchazo, pero insinuó que esa conducta podría proceder del nerviosismo de algunos acusados por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga grandes delitos económicos. También señaló que el pinchazo no ha perjudicado a ninguna de las investigaciones en marcha.

La Fiscalía del Estado hizo un comunicado en el que expresa el "más enérgico rechazo a las actuaciones delictivas" y, tras ofrecer su respaldo a Jiménez Villarejo, espera que "la justicia sancione a los responsables".

El presidente del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, que se encontraba en Valencia, expresó su repulsa por todas las actuaciones que vulneran los derechos fundamentales.

Las asociaciones de jueces y fiscales calificaron como "muy graves" las escuchas sufridas por el fiscal jefe Anticorrupción y exigieron una investigación a fondo del delito.

El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, lamentó el pinchazo sufrido por Villarejo y mostró sus deseos de que el suceso se esclarezca lo antes posible. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, por su parte, consideró que aunque las manipulaciones de la línea se produjeron fuera del domicilio, "el hecho no pierde gravedad".

Jesús Gil y el abogado de Javier de la Rosa negaron cualquier relación con el pinchazo.