UGT exige al Consell un pacto contra accidentes en las obras públicas
La federación de Metal, Construcción y Afines de UGT-PV (MCA) convocará una huelga en el sector de la construcción si antes de que acabe el año el Consell no firma un acuerdo para evitar accidentes laborales en la obra pública. El secretario general de MCA, Conrado Hernández, señaló que la Generalitat debe dar ejemplo en las obras que financia conveniando con los sindicatos para controlar las medidas de seguridad.
Hernández explicó que los sindicatos tienen firmados una serie de acuerdos en grandes obras públicas, como la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia y Terra Mítica, que permiten realizar una tarea de control sobre las medidas de seguridad laboral. Según el dirigente sindical, este tipo de acuerdos han mostrado su eficacia, ya que el número de accidentes es muy bajo a pesar de la embergadura del trabajo que se realiza. "Es necesario que el Consell tome el compromiso de extender a todas las obras que realiza este tipo de acuerdos", señaló Hernández, que añadió que este tipo de acuerdo serviría de arrastre para otros organismos públicos, como diputaciones y ayuntamientos.El secretario general de MCA advirtió que el Consell no puede abstraerse del problema de la siniestralidad laboral con una campaña de publicidad, y exigió que del Gobierno valenciano que de ejemplo firmando este compromiso de aplicar el sistema de colaboración con los sindicatos en todas las obras que financia. "Si el Consell no firma este acuerdo antes de final de año, convocaremos una huelga en el sector de la construcción entre enero y febrero", advirtió Hernández, que participó junto con el secretario confederal de MCA, Manuel Fernández Lito, en una asamblea de delegados del sindicato.
El futuro de Astilleros
Lito aprovechó para referirse a la difícil situación que atraviesa el grupo Astilleros Españoles -una de sus empresas, Manises Diesel, está en la Comunidad-, y señaló que el futuro pasa por aumentar la carga de trabajo. El dirigente ugetista dijo que vería con buenos ojos una "fusión" con los astilleros Bazán (propiedad de la SEPI), una posibilidad planteada por el Gobierno, pero que no parece estar definida
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