Tabares eludió todos los controles habituales cuando avaló las compras a Sonotube, según la Generalitat
El Instituto Valenciano de la Exportación es una empresa pública y la Generalitat Valenciana es titular del 95% de su capital, pero funciona como una sociedad anónima sujeta a derecho privado. Las prerrogativas de su director general son amplísimas, incluida la firma de avales por cantidades millonarias. Sin embargo, fuentes del Consell, insisten en que José María Tabares, ex director de la entidad, eludió todos los controles habituales en la Administración autonómica cuando usó su firma para avalar las letras con las que se pagaron los materiales comprados por la sociedad belga Graficom a la empresa tunecina Sonotube.Agilizar la gestión es el principal argumento para crear empresas públicas, que no tienen porqué someterse al expediente administrativo común para desarrollar su actividad. Sin embargo, fuentes oficiales consideran muy sorprendente que Tabares firmara avales por valor de 1.331 millones de pesetas sin advertirlo a sus inmediatos superiores, en primer lugar el ex consejero de Industria Diego Such, presidente de la entidad; sin conocimiento de la Intervención General de la Generalitat y sin que lo supieran los técnicos del Ivex. Tabares tampoco informó ni consultó estas operaciones con el Instituto Valenciano de Finanzas, según las mismas fuentes.
La falta de comunicación a los responsables de la entidad, al consejo de administración del Ivex y la ausencia de registro por escrito de las operaciones son la base de la querella que el Ivex ha presentado contra Tabares como presunto autor de un delito societario, una figura que recoge el nuevo Código Penal aprobado en 1995 y que no implica ni malversación de fondos, ni estafa ni apropiación indebida, sino cooperación en un entramado financiero para defraudar, en este caso, a la empresa pública.
Fuentes de la Consejería de Hacienda recuerdan que la Generalitat sólo puede conceder avales a empresas públicas, pero las relaciones que establezcan éstas con el exterior sólo están sujetas al derecho privado. En su condición de sociedad anónima, el Ivex escapa a tal salvedad de la ley de Hacienda y puede avalar efectos girados entre empresas privadas, tales como Sonotube y Graficom.
Continúa sin aclararse el que Tabares se beneficiara del presunto quebranto de más de mil millones que sufre el Ivex. Sólo un posible acuerdo con Jean Luc Lagier, el empresario francés y propietario de las sociedades Sonotube y Graficom le habrían permitido lucrarse.
La querella de la Generalitat se extiende contra el empresario francés, que mantuvo varios contactos con los actuales responsables del Ivex y que se ha personado en la causa.
José María Tabares permanece en Sevilla, en su actual residencia, y prepara su defensa junto a sus dos abogados. El ex director del Ivex, en declaraciones a EL PAÍS, reiteró ayer que no se ha lucrado en absoluto como resultado de las operaciones de compraventa entre la sociedades tunecina y belga que avaló con su firma. "Estoy tranquilo porque no me he llevado ni un duro. ¿Por qué entonces voy a volver?", subrayó.
Tabares evitó, sin embargo, cualquier pregunta relacionada con la querella presentada por el Ivex contra él. "La vía judicial es la defensa más oportuna para mí. Lo que tenga que decir lo haré ante el juez", insistió el ex director, quien no descartó la posibilidad de presentarse en Valencia antes del 15 de diciembre, fecha de su comparecencia ante el juez. "Dependerá de lo que me aconsejen mis abogados", concluyó. Tabares se encontraba en Japón, en un curso de comercio internacional, cuando sus sucesores en el instituto hicieron estallar el caso.
