Izquierda Unida y PP se abstienen en la aprobación de la ley de Turismo

La ley de Turismo superó ayer el debate final del Parlamento sin ningún voto en contra, aunque populares e IU optaron por la abstención. La ley -la única elaborada íntegramente por los andalucistas en la legislatura- dota al sector turístico de una norma básica, que, luego, se desarrollará en el reglamento. El consejero de Turismo, José Núñez, destacó que esta actividad ha pasado de ser "algo vergonzante y de segunda división a poder sentir orgullo". PP e IU explicaron que no se oponían a la ley por la necesidad de un marco legal y lanzaron duras críticas a su contenido, que estiman ambiguo y carente de compromiso.

Antes de entrar en el Parlamento, José Núñez ha ido explicando en los últimos meses los aspectos de la ley, conforme avanzaba el consenso con la patronal y los sindicatos. Por eso, en su presentación ante la Cámara, el consejero se centró en las grandes cifras para destacar la importancia de legislar la principal industria de la comunidad autónoma: desde 1996 hasta ahora el número de visitas turísticas a Andalucía se ha incrementado en un 25% y los ingresos, en un 50%, hasta generar el año pasado 1,7 billones de pesetas, y emplear a unas 135.000 personas.Según el andalucista, hasta este momento se dispone de una legislación dispersa, preconstitucional y poco eficaz: "Se trata de hacernos unos zapatos a la medida". El consejero dijo que la legislatura que termina ha sido una etapa singular para el turismo: "Se ha pasado de un sector vergonzante, de segunda división, a sentir orgullo".

El consejero destacó el avance de la vertebración del turismo: "Los andaluces tienen conciencia de que es un sector andaluz, hemos consolidado la marca de Andalucía". El consejero reconoció que no se parte de cero, pero sí desde el punto de vista legislativo: "Tenemos, después del trámite parlamentario, un texto mejor porque es más de todos".

Red de oficinas

Entre otras cuestiones, el proyecto regula la figura del municipio turístico con el fin de asignarle financiación específica, crea una red de oficinas turísticas, y establece los derechos y obligaciones de los turistas y de las empresas del sector.

El portavoz de IU, Juan Francisco Gutiérrez Vilches, arrojó en su turno un aguacero de críticas y dijo que la ley está escorada hacia los intereses empresariales: "Es una especie de tabla reivindicativa del sector empresarial". Según Gutiérrez Vilches, sólo se han tenido en cuenta las enmiendas de su grupo que no afectaban el texto inicial: "Hemos intentando mejorarla, pero no se merece nuestro voto afirmativo, atendiendo al consenso, nos vamos abstener".

Joaquín Ramírez, del PP, incidió fundamentalmente sobre el carácter arbitrario de la declaración de municipio turístico. Según Ramírez, la potestad de efectuar esta distinción, que lleva aparejada inversiones y financiación especial, reside exclusivamente en el Consejo de Gobierno, "por lo que corre un serio peligro de politizarse".

Ramírez criticó que no se recoge cómo se pide ni cómo se pierde esa declaración, además de excluir a las poblaciones de más de 100.000 habitantes; "Si Sevilla, Granada o Marbella no son municipios turísticos tendremos que revisar el diccionario".

El portavoz del Partido Popular también tildó la ley de poco preocupada por la calidad y la formación y ausente de compromiso. "Hay intromisión en las competencias de los ayuntamientos, y se identifica demasiado a los municipios con la imagen global de la Junta".

Según Ramírez, la exposición de motivos es impecable, pero se incumple. No se profundiza en el régimen de sanciones y hay un elevado número de organismos asesores. El PP presentó 130 enmiendas y 40 de ellas han sido aceptadas. "Pensamos que se han dejado lagunas, habrá que ver cómo quedará el reglamento".