La Diputación vizcaína ha privilegiado a una veintena de contribuyentes por 21.400 millones

La Diputación de Vizcaya concedió un trato de favor para el pago de sus deudas fiscales a una veintena de contribuyentes entre los años 1994 y 1997, deudas que superan en conjunto los 21.400 millones de pesetas. Los cuatro últimos informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas desvelan las anomalías en la recaudación de tributos, bien a través del aplazamiento de los pagos, la suspensión de embargos o el permiso para el abono fraccionado sin tener garantías legales. La Hacienda vizcaína no ha ofrecido hasta el momento ninguna explicación sobre estos casos.

Las anomalías apreciadas en el último informe del Tribunal de Cuentas, referido a 1997, son una continuación de lo ocurrido en los ejercicios precedentes. Como informó la pasada semana este diario, Hacienda decidió en 1997 la suspensión de la vía ejecutiva (inmediata al embargo) en que se encontraban cinco expedientes que sumaban una deuda tributaria global de 348 millones y su devolución a la vía administrativa. Otros cinco deudores, por un importe de 541 millones, vieron cómo se les fraccionó el pago de impuestos sin que se dieran los requisitos legales necesarios para ello.Esta situación ya se había dado en 1996, según constata el Tribunal de Cuentas, cuando se privilegió a ocho contribuyentes por un importe de más de 5.000 millones. En concreto, no se practicaron "embargos sobre dinero efectivo y cuentas [bancarias] a dos deudores cuya deuda ascendía a 2.612 millones" y se suspendieron "a instancia de la propia Diputación y sin que medie solicitud del propio deudor en un expediente cuya deuda en ejecutiva ascendía a 449 millones de pesetas. Asimismo, una vez finalizado el periodo de suspensión, tampoco se ha procedido a realizar los correspondientes embargos". El informe añade que no se recogió "la información sobre bienes del deudor" y en consecuencia no se practicaron "los embargos en un expediente cuya deuda en ejecutiva ascendía a 301 millones".

La auditoría de 1996 censura a la Diputación por no exigir, para el pago fraccionado de la deuda, las garantías legales en cuatro expedientes que suman 1.737 millones, "en los que no se aportó la documentación requerida ni se practicó la comprobación de la situación económico-financiera y patrimonial de los deudores".

El estudio del tribunal sobre las cuentas de 1995 señala irregularidades en el pago de los tributos a través de bienes. En uno, por un importe de 13.811 millones (todo apunta a que se pueda tratar de Altos Hornos de Vizcaya), "no ha sido contrastada la valoración de bienes presentada por la empresa" y en otro expediente, "por importe de 662 millones, acepta como valor del terreno aportado una de las dos valoraciones de la empresa, pese a contener un error señalado en el informe del Servicio de Catastro y Apoyo Técnico". Además se apuntan anomalías en el permiso para pagar de manera fraccionada en una expediente cuya deuda asciende a 472 millones, dado que la "garantía prestada es insuficiente. Consiste en un embargo de bienes del deudor (maquinaria e instalaciones industriales) que el Servicio de Catastro y Apoyo Técnico valoró en 260 millones de pesetas". En otro caso, se concedió "exención de garantía cuya deuda principal ascendía a un importe de 129 millones de pesetas, sin la comprobación de la situación económico-financiera y patrimonial del deudor".

Silencio de la Diputación

Sobre 1994, el Tribunal de Cuentas censura el fraccionamiento del pago "en tres expedientes correspondientes a un mismo deudor" por 401 millones. "No se ha formalizado la garantía que condicionaba el acuerdo de concesión. Las garantías aceptadas consistían en una hipoteca mobiliaria sobre unos vehículos, cuya valoración ascendía a 8 millones de pesetas y en la cesión del crédito resultante de un litigio, valorado en 106 millones".

La identidad de esta veintena de beneficiarios por la demora de sus deudas fiscales sigue sin conocerse, al no figurar en los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas y por la negativa de la Diputación vizcaína a difundirlos. Ni siquiera ha concretado si son particulares o empresas y, de ser éstas, si se encontraban en dificultades que hubiesen justificado de alguna manera el trato beneficioso.

El grupo juntero del PSE-EE en Vizcaya presentó el pasado día 19 una pregunta al diputado de Hacienda, Javier Urizarbarrena, para que informe sobre el retraso de las deudas fiscales del ejercicio de 1997, sus titulares, los motivos de la demora así como la evolución y, en el caso de que persistan, la cuantía actual.