Jueces prevaricadores

HASTA NO hace mucho había que retroceder muy atrás en la historia de la judicatura española para encontrar un juez condenado por prevaricación. Pero desde hace algunos años este delito, incluido desde siempre en el Código Penal, ha comenzado a perseguirse: resulta que algunos jueces lo cometen y que se les condena por ello. A los resonantes casos de Pascual Estevill y Gómez de Liaño se ha añadido el del presidente de la Sección VIII de la Audiencia Provincial de Barcelona, Santiago Raposo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha condenado a 10 años de inhabilitación especial, con la consiguiente separación del cargo, por archivar, a sabiendas de que actuaba injustamente, una causa por delito fiscal por importe de 501 millones de pesetas contra el antiguo director financiero de Casinos de Cataluña, Jaime Sentís, denunciante del caso del mismo nombre sobre una supuesta financiación irregular de CiU.No es que antes no hubiera jueces prevaricadores, sino que no había modo de denunciarlos y demostrar que lo eran. La autoridad del juez, como si fuera dueño y señor de la ley, ha constituido durante mucho tiempo un eficaz factor de impunidad ante la crítica y la exigencia de responsabilidades, en consonancia con el autoritarismo vigente en España. Pero en una democracia esta coraza, de la que el llamado antejuicio ha sido hasta hace poco su expresión corporativa, no tiene razón de ser. Sin ella, la actuación del juez aparece como lo que es y debe ser: una actividad pública sujeta a la crítica y al imperativo de la ley como cualquier otro poder.

No hay que insistir en lo saludable que es para la justicia y la vida democrática que, si existen jueces prevaricadores, se les persiga con la ley en la mano. Lo malo sería que siguieran impunes. Quienes imparten justicia vulnerando la ley de "forma grosera, clamorosa , flagrante y manifiesta" como es el caso de Raposo no merecen ser jueces. Y, aunque a veces no se sepan las razones ocultas que mueven al juez prevaricador -irrelevantes a efectos del delito-, sería muy instructivo conocerlas. En el caso de Raposo, por qué tuvo "un interés especial y personal" en atribuirse, sin corresponderle, la ponencia de una causa por defraudación fiscal de 501 millones y archivarla después.