La Junta de Castilla y León favoreció en un concurso a Fernández Díez y fue condenada por el Supremo

El empresario Antonio Fernández Díez, que ingresó en sus cuentas suizas 4,5 millones de dólares de Javier de la Rosa, recibió trato de favor de la Junta de Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad anuló en 1992 la concesión a una empresa presidida por Fernández Díez del servicio de la estación de Autobuses de León.La resolución del Tribunal, que posteriormente fue ratificada por el Tribunal Supremo, consideró esa concesión, realizada en 1989, cuando la Junta estaba presidida por José María Aznar, contraria al ordenamiento jurídico y ordenó al Gobierno regional que se la otorgara a la oferta rival, mucho más beneficiosa económicamente para el erario público. A pesar de ello, la Junta instó a las partes a alcanzar un acuerdo y no retiró la concesión a la empresa de Fernández Díez.

La explotación fue finalmente concedida por la Junta de Castilla y León, el 7 de abril de 1989, a la empresa Estación de Autobuses de León, presidida por Antonio Fernández Díez. El Gobierno autónomo optó por esta oferta, que ofrecía el pago a la Administración de un canon de 60.000 pesetas anuales, el 10% de los beneficios, la aplicación de tarifas máximas a los usuarios y la creación de 8 puestos de trabajo.

La oferta rival, que fue descartada, la presentó el empresario Bernardo de Prado y su contenido establecía el pago de un canon anual de 7 millones de pesetas y el 20% de los beneficios. Además, ofrecía tarifas mínimas y la creación de 30 empleos.

Al ser rechazada su oferta, Bernardo de Prado decidió acudir a los tribunales y, finalmente, en diciembre de 1992, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le dio la razón.

La sentencia de este tribunal establecía que anulaba "por su disconformidad con el ordenamiento jurídico los actos administrativos que impugna el recurso y con ello la adjudicación de la estación de Autobuses efectuada a favor de Autobuses de León, otorgándosela a Bernardo de Prado".

Además, el fallo recogía que la decisión de la Junta de Castilla y León se había adoptado contra la decisión de la Asesoría Jurídica del departamento de Fomento, que fue el que realizó la adjudicación.

La resolución recogía además que la sociedad de Fernández Díez "ha dado en arrendamiento el bar de la estación por 875.000 pesetas mensuales, y varias tiendas por 125.000, 100.000 y 90.000 pesetas al mes con cláusula de estabilización", lo que según el tribunal demostraba que el canon ofrecido por la empresa a la que se adjudicó el servicio "se presenta como absolutamente desproporcionado". A pesar de este fallo, la Junta instó a las dos empresas a alcanzar un acuerdo, sin revocar la concesión.