Los grupos no aceptarán modificaciones de peso en la Ley de Extranjería

Los grupos parlamentarios que participaron en la elaboración de la Ley de Extranjería, a excepción del PP, han decidido que no aceptarán que el Gobierno reduzca el carácter social de la norma. Por eso ya han anunciado que si hay modificaciones sustanciales en el Senado se opondrán a ellas. CiU, clave de la negociación, tiene previsto seguir discutiendo los aspectos mejorables, pero no los contenidos de fondo que mejoran las condiciones de vida de los inmigrantes.

Representantes del Gobierno se reunirán hoy con todos los grupos para discutir sus objeciones al texto. Pero especialmente el PSOE e Izquierda Unida y PNV se oponen a que el ministerio de Interior, a través del PP, introduzca en el proyecto modificaciones sustanciales que reduzcan su contenido social para reforzar el carácter policial. IU llegó incluso a pedir la dimisión del responsable de este departamento, Jaime Mayor Oreja, como máximo responsable de que, según prevén, esta norma no vea la luz en esta legislatura o salga aprobada con la inclusión de aspectos que considera propios de la "ultraderecha". El PSOE anunció ayer una estrategia novedosa: el portavoz de este partido en el Senado, Juan José Laborda, propondrá a los grupos que no presenten enmiendas a esta norma para evitar que el Gobierno las utilice para congelar la ley en la cámara alta. Esta iniciativa supondría, según admitió Laborda, la renuncia a mejorar el proyecto, algo preferible para el PSOE a dejar que el Ejecutivo del PP la bloquee. El líder de los socialistas, Joaquín Almunia, se comprometió a aprobar la norma si gana las próximas elecciones.

El Gobierno niega tener intenciones de bloquear la ley. Manuel Pimentel, ministro de Trabajo y el único miembro del Ejecutivo que ha mostrado su apoyo claro a la redacción actual de la ley, garantizó que el Gabinete no la bloqueará, aunque también dijo que "tan importantes son los plazos como el contenido", en referencia a las dudas sobre la aprobación en esta legislatura.

Los dirigentes de CiU están convencidos de que la ley saldrá adelante sin modificaciones sustanciales, aunque para lograrlo obrarán con mucha calma y negociarán con Interior las enmiendas que sean más asumibles a lo largo de las próximas semanas. También preocupa en esta coalición que la ley no se convierta en un asunto a debatir exclusivamente entre el Ejecutivo y CiU. Sobre todo porque esto podría provocar que la norma se aprobara sólo gracias a los votos de CiU y del PP. Y es algo que los dirigentes de CiU quieren evitar porque les interesa que se mantenga el absoluto consenso logrado durante la elaboración de la ley.

Aun así, todos tienen claro que la clave está en CiU. Por eso ayer varias organizaciones sociales, y especialmente los sindicatos USO y Comisiones Obreras, pidieron a la coalición nacionalista que "no ceda" a las presiones del ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, y que no entre en la misma "incoherencia" que según ellos ha demostrado el PP al aprobar que una ley se tramite por el procedimiento de urgencia para, poco después, comenzar a descalificarla y a plantear graves objeciones.