SOS Racismo denuncia al PP por "reproducir los tópicos racistas"

La indefinición del PP y los acuerdos de la cumbre europea de Tampere son las causas que, según la organización SOS Racismo, han llevado al Gobierno a bloquear la reforma de la Ley de Extranjería. SOS Racismo denunció ayer, en la clausura de su quinto congreso, que el PP lanza a la opinión pública mensajes que reproducen "los tópicos y mitos centrales del discurso racista: el miedo a la invasión, el coste económico de la inmigración y la asociación de ésta a la delincuencia"

Pere Massanet, uno de los portavoces de esta organización no gubernamental (ONG), declaró ayer que durante los 18 meses que duró la redacción del proyecto de la nueva ley "el PP iba a remolque, y cuando ha llegado la hora de la verdad, se ha echado atrás". Esto y las posiciones europeas en la pasada cumbre de Tampere, donde dominan políticas muy restrictivas, ha sido lo que ha llevado a los conservadores a bloquear la nueva ley. Asimismo Massanet afirmó: "O la sociedad civil se moviliza y los partidos políticos hacen ver al PP la responsabilidad política que tiene en la aprobación de esta ley, o prevemos que la bloqueará hasta la próxima legislatura". SOS Racismo denunció algunas de las "falsedades" con las que el Gobierno quiere "intoxicar" a la opinión pública. Según esta organización, no es cierto que la regularización que la ley propone vaya a provocar la llegada masiva de nuevos inmigrantes, ya que sólo se aplica a personas que llegaron a España antes del 1 de junio de 1999 y que hubieran solicitado previamente el permiso de residencia o trabajo. Tampoco comparte la idea de que la extensión de la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular suponga un coste económico extraordinario, ya que éstos, una vez que acceden a la regularización, pagan impuestos como cualquier otro ciudadano, y además se trata mayoritariamente de personas jóvenes en las que el Estado no ha invertido nada en educación ni en formación laboral.

Una prisa peligrosa

El proyecto de ley no es incompatible con los acuerdos de Tampere, según SOS Racismo, ya que en ellos no se exige la vulneración de los derechos de los inmigrantes en situación irregular. Asimismo la ONG considera que la prisa con la que se hará el debate parlamentario y el riesgo de que cualquier enmienda crítica motive que no se pueda aprobar en esta legislatura pueden actuar como freno y favorecer que se apruebe una ley parcialmente mejor que la actual, pero no sustancialmente diferente.

SOS Racismo quiso dejar claro que la nueva ley mejora algunos aspectos parciales, pero no es la más progresista de Europa. Entre sus deficiencias, cita las siguientes: condiciona la regularización permanente a la posesión de medios económicos para subsistir; mantiene la exigencia de una oferta de trabajo para conseguir el permiso de residencia; castiga a quien ampare la inmigración irregular sin especificar si hay o no ánimo de lucro, lo cual puede suponer sanciones a particulares o asociaciones defensoras de los derechos humanos, y es ambigua en numerosos puntos, lo que la hace muy dependiente de su reglamento de aplicación, que debe aprobar el Gobierno en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la ley.