El juez archiva el caso por la muerte del gerente de Aceites Ecológicos

Un informe descubre vertidos prohibidos en varias empresas de Arganda del Rey

El Juzgado número 1 de Arganda, cuya titular es Victoria Lara Domínguez, ha decidido el archivo provisional de la causa abierta tras la muerte de Francisco de las Heras, gerente de la empresa Aceites Ecológicos. De las Heras murió asfixiado el 31 de mayo de 1997 al socorrer en un pozo al encargado de su empresa.

Un informe del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha resultado definitivo para el archivo de las investigaciones. El informe concluye que son varias las empresas de la zona que "vierten en el mismo colector de aguas residuales donde lo hace Aceites Ecológicos" y que en las aguas procedentes de todas ellas se han detectado "vertidos prohibidos" y otros que, sin serlo, reaccionan "provocando atmósferas tóxicas por inhalación".Este informe de la Guardia Civil lleva al juez a resolver que "es imposible determinar las sustancias que causaron la muerte de Francisco de las Heras Ortega".

En el auto judicial también se descarta que las causas de los malos olores en la Poveda "fueran las mismas que provocaron la muerte del Gerente". De las Heras acudió a su empresa tras las denuncias vecinales por un supuesto escape de gas. Al investigar en un pozo junto a su encargado, encontró la muerte.

Diligencias

El Juzgado número 1 de Arganda abrió diligencias para esclarecer las causas de la muerte del gerente. La Plataforma por el Medio Ambiente de Arganda se presentó como acusación particular. La familia del fallecido nunca presentó cargos ni denuncia alguna contra la empresa. Investigadores del Insituto de Investigación Carlos III, el actual gerente de Aceites Ecologicos, Rafael Salazar, miembros del Canal de Isable II y la entonces viceconsejera de Medio Ambiente, Silvia Enseñat, declararon ante el juez por lo ocurrido. La empresa Aceites Ecológicos está cerrada desde marzo. La Plataforma por el Medio Ambiente de Arganda mantiene una querella contra el actual gerente, Rafael Salazar, por un presunto "delito ecológico" con resultado de lesiones a los vecinos del barrio. Según los denunciantes, la actividad de la fábrica provocó entre los vecinos "picores e irritación en ojos y garganta".

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