El Gobierno duda

EL GOBIERNO del PP parece dudar de la conveniencia de aprobar en esta legislatura la nueva Ley de Extranjería ante las resistencias de última hora procedentes de algunos ministerios, el de Interior en particular. Pero dar marcha atrás ahora, al final de la tramitación parlamentaria de la nueva ley, no sólo supondría dejar en mal lugar a su propio grupo parlamentario, sino cargar con el coste político que implicaría desairar a sus socios catalanes y quebrantar los compromisos adquiridos con los colectivos de inmigrantes.El Grupo Popular, a requerimiento de CiU, accedió a tramitar el proyecto de ley por el procedimiento de urgencia y facilitar de ese modo su aprobación en el mes y medio que resta de legislatura. Pero lo hizo a regañadientes: a su juicio, tal trámite era innecesario, ya que la nueva ley, debatida durante año y medio en la Comisión Constitucional del Congreso y consensuada entre todas las fuerzas políticas, estaba suficientemente madura para su aprobación. Sería muy difícil de explicar que el Grupo Popular se limitara a proponer para que sea el Gobierno el que disponga.

Interior alega una serie de razones que quizá tengan una base justificable. Pero no se entiende por qué se ha elegido precisamente este momento, porque las razones expuestas ahora son las mismas que ya existían cuando se accedió a la urgencia pedida por CiU. Interior teme que sea un coladero de inmigrantes ilegales, pero es discutible que pueda serlo una ley que señala claramente qué inmigrantes podrán regularizar su situación: quienes se encontraban en España antes del 1 de junio de 1999. Y las obligaciones europeas son hoy las mismas que cuando se aceptó el trámite de urgencia. Pero tan llamativo como los reproches -ahora- del ministro del Interior resultan las promesas de cumplimiento por parte del vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos.

Si los argumentos de Interior eran tan serios, ha tenido tiempo para hacerlos llegar a los grupos parlamentarios para su debate en la Comisión Constitucional. De hecho, así ha sucedido con sus observaciones a la nueva ley, prácticamente incorporadas todas ellas al texto. De momento, Mayor ha explicado públicamente sus razones para la demora. Las de Cascos guardan más relación con los acuerdos con CiU que con los inmigrantes. Pero deberían ponerse de acuerdo.