Blair acomete su último año con promesas de reformas sociales
El desastre ferroviario de Paddington, el choque de trenes de cercanías en Londres el pasado octubre que costó la vida a 40 personas, marcará la agenda legislativa del Gobierno de Tony Blair el próximo curso parlamentario, que ayer inauguró, con sus habituales pompas y simbolismos, la reina Isabel II. Mejorar el transporte por ferrocarril y su seguridad, así como la red de transporte de autobuses públicos, se ha convertido en uno de los cinco compromisos claves de Blair ante el Parlamento para el último curso parlamentario completo antes de las elecciones, que se prevén para la primavera del 2001. La lucha contra el crimen -con especial énfasis en la "amenaza de las drogas"-, la cesión de poderes a los ayuntamientos, impulsar el uso de Internet y garantizar las pensiones a los niños de padres separados son los otros cuatro ejes sobre los que legislará este año el Gobierno de Blair. En resumen, transporte, seguridad social, ley y orden y nuevas tecnologías son las prioridades del último curso completo del Ejecutivo laborista. Para ello, Blair se comprometió ayer, por boca de la reina, a enviar 28 proyectos de ley al Parlamento.La reina Isabel, protagonista de la ceremonia de apertura del curso parlamentario, recorrió en la carroza real el tramo que separa los palacios de Buckingham y Westminster protegida por una aparatosa escolta. El rito obliga a los diputados a cerrar el paso a la Cámara de los Comunes de la jefa del Estado, quien, a su vez, convoca a sus súbditos en la barroca sala de los Lores. En el trono real, junto al duque de Edimburgo y en presencia de la princesa Anna, la soberana enumeró el programa del Gobierno de Tony Blair, los 28 proyectos de ley que se presentarán a debate a lo largo del año.
Juicios con jurado
Blair se compromete también a una reforma del sistema judicial que contempla la abolición del derecho de los acusados a elegir un juicio con jurado, tradición de gran arraigo en el Código Penal británico. Esta polémica propuesta -"draconiana", según los liberales demócratas- pretende reducir el gasto del Ministerio del Interior, pero corre el peligro de caer en errores judiciales que parecían subsanados. Tras una demora de tres años, el Ejecutivo laborista propone legislar en materia de libertad de información con un proyecto que parte de la oposición y la opinión pública consideran excesivamente tímido.
Paralelamente se reducirá a los 16 años la edad del consentimiento sexual de los homosexuales y se obligará a granjeros y terratenientes a abrir al público tierras comunales.
En compensación a la esperada oposición del sector, el Gobierno excluye de su programa el veto legislativo a la caza del zorro con perros. La reforma de esta tradición deportiva queda a merced de la iniciativa de los propios diputados, que podrán presentar una propuesta a lo largo del año.
