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Mas anuncia que reforzará la inspección y la oposición la acusa de "precarizar" el sector

VIENE DE LA PÁGINA 1 El del asilo privado Mediterráneo de Formentera del Segura no es el único caso de centros ilegales que actúan con normalidad. Una residencia situada en El Campello (Alicante), continúa funcionando con otro nombre pese a que el 31 de mayo fue clausurada y multada con 2,5 millones de pesetas por Bienestar Social por carecer de los permisos para ejercer la actividad. La residencia funciona de forma ilegal desde 1994. En un prinicpio se denominaba La Casa de la Primavera, hasta que cambió a Residencia para Mayores Europa 1. El director del centro señaló ayer que se están tramitando los permisos de apertura ya que la consejería "ha recomendado la realización de unas pequeñas reformas" para conceder la autorización.

Esta residencia salió a relucir ayer durante la comparecencia de la consejera de Bienestar Social, Carmen Mas, en las Cortes Valencianas, en la que también hubo referencias al funcionamiento condicionado de muchos centros, que la Generalitat permite mientras se tramitan las solicitudes de apertura, pero sin asegurarse a través de las correspondientes inspecciones de que cumplen con las condiciones que establece la ley. El diputado socialista Antonio Torres preguntó a la consejera por qué sigue abierta la residencia de El Campello. Pero no obtuvo contestación.

La consejera defendió la celeridad con la que la Generalitat ha actuado en el caso de la residencia Levante y volvió a acusar a la oposición de crear una "alarma social injustificada" y de "sesgar la realidad" y afirmó que uno de los objetivos más importantes de su departamento es llevar a cabo un "control riguroso" de los servicios que se prestan en las residencias de la tercera edad. Para contrarrestar las críticas, Mas anunció una batería de medidas: un nuevo servicio de Inspección con más medios humanos -los que exige la ley de 1997 que aprobó el PP pero que no ha cumplido- que será operativo en junio próximo, el desarrollo de la misma ley en cuanto a las normas de autorización de centros, la reorganización de la Dirección General de Servicios Sociales con la creación de un área de Recursos, y un instituto para investigación, desarrollo y calidad de los servicios a mayores. El instituto, "pionero" en España, según Mas, "tendrá la máxima capacidad participativa".

Voladura del sistema

Pero la oposición no pareció muy impresionada por las promesas de la consejera y se aferró a la realidad presente de las residencias de la tercera edad. "El Gobierno de Zaplana está ejecutando un detallado plan de voladura del sistema público de atención a la tercera edad", espetó Antonio Torres nada más acceder a la tribuna de oradores para dar la réplica a la consejera. Torres achacó al PP un "afán desenfrenado de privatización" en el sector que, según dijo, conduce a la "precarización" de los servicios, a la "desregulación" de las condiciones de los centros, a la "relajación" de la actividad inspectora, a ua "ausencia de controles" de calidad y a la "disminución" del número de plazas en las residencias privadas y el aumento del dinero destinado a los asilos privados.

Frente a las acusaciones de la consejera y de la diputada popular María Josefa García, quien acusó a la oposición de ejercer la "carroñería política", Torres precisó: "Lo que denunciamos es la existencia de residencias no autorizadas y que nadie sepa si cumplen los requisitos". Y añadió: "Carroñeros son los que crean lucrativos negocios amparados en la falta de control de la Administración". Por su parte, Ramón Cardona, de Esquerra Unida, denunció como "gravísimo" que sólo existan seis inspectores y que se hayan reducido los requisitos para abrir asilos. "Así se precariza el sector", dijo Cardona, quien aseguró que con ello el Consell del PP pretende "hacer atractivo este sector a la inciativa privada" mientras se mantienen inutilizadas centenares de plazas en residencias públicas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de noviembre de 1999