Un estudio oficial insta a adoptar medidas que eviten guetos escolares

El consejero de Enseñanza en funciones de la Generalitat, Xavier Hernández, presentó ayer un informe sobre la escolarización de los hijos de inmigrantes en Cataluña (el 3% del total del alumnado). Pese a su carácter oficial, en el estudio se identifica claramente el problema de la concentración de estos alumnos en determinados centros públicos y el peligro de que éstos se conviertan en guetos escolares, y se insta a la Administración a establecer "medidas preventivas" en el proceso de matriculación.

El estudio, encargado por Enseñanza a técnicos de la Administración, profesores y expertos de otras instituciones, recomienda aplicar una "discriminación positiva" a las escuelas públicas para dotarlas de más medios y convertirlas en centros de excelencia, pero también insta a la Generalitat a establecer "medidas preventivas" en el proceso de matriculación, lo que equivale a modificar el actual decreto de matriculación, tal como la comunidad educativa viene pidiendo desde hace años. El estudio diferencia claramente las escuelas y los institutos en los que la proporción de alumnos procedentes de la inmigración, por alta que sea, corresponde a la realidad demográfica del barrio o la localidad donde está ubicado el centro, en cuyo caso no debe considerarse un problema, y en cambio pide "medidas preventivas para que no aumente el número de centros en los que se producen concentraciones artificiales de alumnado inmigrante". El fenómeno de la concentración de alumnado procedente de la inmigración tiene el efecto de ahuyentar de estos centros a los hijos de la población autóctona, cuyas familias optan por centros privados o concertados, que, como en cierta ocasión reconoció Hernández, "aplican políticas sibilinas" de discriminación en el proceso de matrícula.

Para estos centros donde puede haber peligro de "guetización", los autores del informe sugieren "medidas de discriminación positiva en las que desde el consenso se impliquen todos los agentes educativos del territorio", y consideran necesaria la "coordinación estrecha entre los ayuntamientos y el Departamento de Enseñanza". El informe sugiere: "En determinadas zonas con mucha inmigración se tendría que llegar a acuerdos y orientar a las familias para conseguir un mayor equilibrio de la matrícula en los centros sostenidos con fondos públicos".

El informe identifica, asimismo, a una pequeña parte del alumnado inmigrante que llega a Cataluña ya en la adolescencia, una edad propia de los últimos cursos de ESO, pero cuya escolarización previa presenta lagunas significativas. Para este colectivo, que obviamente busca encontrar un trabajo, el informe recomienda la fórmula de la "escolarización compartida", que debería ser estudiada en colaboración con los ayuntamientos y dirigida a la inserción laboral.

Religión islámica

Por otra parte, Hernández anunció ayer la inminente implantación de cursos de religión islámica, de modo experimental, en dos o tres centros docentes de Cataluña en enero del 2000, así como de créditos variables sobre cultura y lengua árabe, atendiendo así la ya vieja petición de este colectivo.

La directora general de Ordenación Educativa, María Àngels González, recordó las dificultades para conseguir el preceptivo visto bueno sobre el profesorado de religión de la Comisión Islámica Española, organismo reconocido por el Ministerio de Justicia, pero Hernández apuntó que no se obviará el contacto con organizaciones islámicas implantadas en Cataluña y matizó que la inmigración no es únicamente magrebí e islámica, por lo que la oferta se extiende a otros colectivos.