La regulación de conciertos privados es el único punto desarrollado de la ley de Servicios Sociales

Valencia - 17 nov 1999 - 00:00CET

La ley de Servicios Sociales de 1997 está dormida excepto en un punto: la regulación de los conciertos con entidades privadas. El Consell que preside Eduardo Zaplana mantiene congelados artículos básicos como los destinados a establecer los requisitos mínimos de calidad que han de cumplir las residencias para la tercera edad, la regulación de la autorización y registro de estos centros o la extensión de la atención a extranjeros y exiliados. Estos aspectos siguen huérfanos de desarrollo reglamentario dos años y medio después de que entrara en vigor la ley.

De los aspectos que conforman la ley de Servicios Sociales aprobada en junio de 1997, el Consell presidido por el popular Eduardo Zaplana, únicamente ha desarrollado en profundidad uno: el reglamento que regula los conciertos de plazas de la Administración con la iniciativa privada. Casi dos años después de que la ley viera la luz, el Ejecutivo valenciano sacó adelante en marzo de 1999 el desarrollo legal del artículo 53 de la ley de Servicios Sociales limitado exclusivamente al capítulo de conciertos.Desde la aprobación de la ley hasta el momento, aspectos como los requisitos que han de cumplir los centros para obtener la autorización o el registro por parte de la Consejería de Bienestar Social, no han sido objeto de desarrollo reglamentario por parte del Gobierno valenciano. Tampoco el artículo en el que se extiende la atención de los derechos sociales a los "extranjeros, exiliados y apátridas" o el establecimiento de mínimos de calidad por parte de los centros.

La paralización de la ley se extiende también al apartado que aborda el funcionamiento de la inspección, más en su aspecto práctico que en el legal, ya que el articulado es directamente aplicable. La falta de control fue uno de los puntos negros que emergió tras la clausura de la residencia Levante de Formentera de Segura (Alicante) en la que fallecieron 25 de los 35 ancianos ingresados en los 16 meses que estuvo abierta. Otro dato que abunda en este aspecto son las escasas inspecciones realizadas durante el primer semestre de este año a iniciativa de la consejería. Carmen Mas reconoce en una pregunta parlamentaria planteada por el diputado socialista Antonio Torres que, de oficio, sólo se han inspeccionado cuatro residencias privadas acogidas al programa del bono-residencia en seis meses.

La falta de planificación es otra de las víctimas de la paralización de la ley. La disposición adicional primera contempla la elaboración de un plan integral de servicios sociales para dotar de recursos a toda la Comunidad en función de las necesidades de cada zona. Pese a que se fijó un año para su elaboración, pasado el doble de tiempo sigue sin redactarse.

La parálisis que sufre la ley se suple con la aplicación de los reglamentos aprobados en 1990 que desarrollaron la ley socialista de servicios sociales, que vio la luz en 1989.

Con reglamento y sin Consejo

Junto a los conciertos, el otro aspecto de la ley que ha sido desarrollado es aquel que define el reglamento del Consejo de Bienestar Social. Este aspecto guarda una curiosa paradoja y un incumplimiento. La ley fija detalladamente la composición del consejo, un órgano al que le atribuye funciones "de asesoramiento y participación". Desde que fuera aprobada la ley, en julio de 1995, este órgano no ha sido nunca convocado pese a las importantes atribuciones asesoras que le brinda la ley. De esta forma existe un reglamento de funcionamiento de un órgano que la Consejería de Bienestar Social nunca se ha decidido a convocar.Pero el Ejecutivo popular ha rizado el rizo. El Consejo de Bienestar Social, además de emitir su valoración de aspectos como los conciertos con empresas privadas, valorar los proyectos legislativos o recoger las demandas sociales debía también dictaminar sobre su propio reglamento, un dictamen que ha sido imposible al no haberse constituido nunca en dos años y medio.

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